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La mayoría de expertos consultados señalan que los programas de derecho carecen de componentes prácticos.
Colombia aún tiene mucho camino por recorrer en la adopción de estas tendencias, incluyendo, por supuesto, al sector legal.
Es importante revisar y tener en cuenta la normativa vigente para mitigar los riesgos de lavados de activos y financiación del terrorismo.
Al comienzo, muchos profesores y estudiantes tuvieron serios problemas, sobre todo por el desconocimiento de aspectos tecnológicos básicos o por problemas de conectividad. A la postre, el ser humano demostró su capacidad para adaptarse a nuevas situaciones.
Con la concurrencia de la tecnología y los servicios legales, estos últimos se pueden alinear con el modelo de negocio de cada cliente.
La práctica judicial cotidiana y alguna que otra regulación de menor jerarquía indican que esta garantía constitucional está en peligro. Hay que salvarla.
Es necesario realizar una verdadera reforma estructural a la organización de la administración de justicia que permita superar las causas que nos llevaron a la situación actual.
