La Procuraduría le pidió a la Corte Constitucional declararse inhibida de examinar de fondo la demanda contra la norma que incluyó los ingresos varios dentro de la base gravable para la liquidación del ICA del sector financiero. Concretamente, el Ministerio Público consideró que la acción no reunía los requisitos exigidos para iniciar el estudio constitucional, aunque aclaró que, de considerar lo contrario, el alto tribunal debe declararla ajustada a la Constitución (parágrafo del artículo 52 de la Ley 1430 del 2010). El organismo de control concluyó que el accionante hace una interpretación equivocada de lo ordenado, al precisar que los ingresos varios de los bancos pueden resultar indeterminados para efectos de establecer sus obligaciones frente al pago del tributo.