La Procuraduría respaldó la autorización otorgada al Ministerio de Cultura para que la Alcaldía de Buenaventura se haga cargo de la estación de Ferrocarriles Nacionales que funcionaba en ese municipio del Valle (artículo 116 de la Ley 1617 del 2013). A su juicio, la Corte Constitucional debe declarar exequible la norma en la que se consagra la entrega gratuita del bien. Así mismo, aunque le solicitó que se abstuviera de emitir un pronunciamiento de fondo frente a la disposición que también le permite a la administración hacerse al control de la extinta zona franca que allí operaba, concluyó que esta se ajusta a la Carta Política de 1991 (artículo 115 y 117). La entrega gratuita del inmueble a esa administración municipal, dice el concepto, no le hace perder su condición de bien nacional. La ponencia será proyectada por el despacho del magistrado Luis Guillermo Guerrero.