La Procuraduría General de la Nación le pidió a la Corte Constitucional que declare inexequibles algunas normas de la Ley de Presupuesto 2011 (Ley 1420 del 2010). Entre otras, pidió la inconstitucionalidad del artículo 9, que facultaba al Gobierno Nacional para emitir títulos de tesorería, TES, clase “B”; del artículo 11, que permite hacer distribuciones presupuestales en un órgano por medio de resoluciones suscritas por el jefe del mismo; del artículo 57, que permite financiar proyectos de inversión en infraestructura durante la vigencia fiscal del 2011 con recursos del Fondo Nacional de Regalías del 2009; del artículo 68, que brinda la posibilidad de condonar créditos a las entidades territoriales endeudadas para el mejoramiento de vías de las redes secundaria y terciaria. Así mismo, pidió la inexequibilidad de los artículos 71, 74, 88 y 89, todos estos con efectos retroactivos.