Por motivos de inconstitucionalidad e inconveniencia, el Gobierno acaba de objetar el proyecto de ley que pretende establecer el marco legal para el descuento directo a un trabajador, contratista por prestación de servicios, asociado a una cooperativa o precooperativa, afiliado a un fondo de empleados o pensionado de las cuotas por la adquisición de productos y servicios financieros o de bienes y servicios de cualquier naturaleza, acreditados con su salario, honorarios, pagos, mesada o prestaciones sociales. Según el Gobierno, al comprometer estas últimas, se desnaturalizaría la figura de las cesantías, que son esencialmente para proteger al trabajador en caso de quedar desempleado, con excepciones precisas como la adquisición o remodelación de vivienda y educación. Además, la medida tendría efectos devastadores en el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) y en los fondos de cesantías, que basan sus actividades comerciales en la inversión de dichos recursos. De otro lado, también se argumenta que la iniciativa es violatoria del artículo 48 de la Constitución Política, pues reduciría los estándares de protección social que pretende la norma superior.