La Procuraduría le sugirió a la Corte Constitucional que declare como ajustada a la Carta Política la norma que impone a las compañías aseguradoras contra incendios y otras catástrofes aportar un 2 % del valor de las pólizas al Fondo Nacional de Bomberos (numeral 1º del artículo 35 de la Ley 1595 del 2012). Según el Ministerio Público, se trata de un aporte parafiscal y no de un impuesto, como lo sostiene el demandante. Al no tratarse de un tributo que ingresa al patrimonio del Estado, precisa el concepto, la disposición no viola la prohibición superior de que no existan rentas nacionales de destinación específica. El expediente fue repartido para ponencia de la magistrada María Victoria Calle.