El artículo 21 de la Ley de Financiamiento (Ley 1943 del 2018), que adicionó el artículo 512-22 al Estatuto Tributario, creó el impuesto al consumo de bienes inmuebles, disposición en la que se estableció, entre otras cosas, que la tarifa aplicable correspondería al 2 % sobre la totalidad del precio de venta. Ese aparte, precisamente, fue declarado inexequible por la Corte Constitucional, luego de realizar un examen promovido por la demanda que acusaba la totalidad de la disposición por inconstitucional, considerando que omitió definir la base gravable y el sujeto pasivo del tributo de manera clara e inequívoca.