Actualizar reglas fiscales territoriales es inaplazable para apoyar la descentralización: Contraloría

La Contraloría General de la República realizó un estudio sobre la evolución y los resultados de las principales reglas fiscales vigentes para las entidades territoriales, el cual arrojó la necesidad de evaluar una posible reestructuración de dos importantes normas fiscales: la Ley de Semáforos (Ley 358 de 1997) y la Ley de Categorización Territorial (Ley 617 del 2000).

“Las reglas fiscales territoriales fueron adoptadas a finales de los años 90 para enfrentar el sobreendeudamiento de las entidades territoriales”, comunicó la entidad, y anunció que el estudio concluyó que aunque estas reglas han sido efectivas para contener los problemas de sostenibilidad de la deuda territorial y el excesivo crecimiento de los gastos de funcionamiento, su rigidez actual limita la capacidad de departamentos y municipios para realizar el gasto público necesario en sus regiones. (Lea: Gobierno lanza estrategia orientada al fortalecimiento de la gobernanza territorial en salud)

La entidad explicó además que la Ley 358 de 1997 estableció la “Regla de Oro”, que impide que las entidades territoriales financien gastos corrientes con deuda, permitiendo que los nuevos créditos se destinen únicamente a inversiones. Por su parte, la Ley 617 del 2000 impuso límites a los gastos de funcionamiento según la categorización de los departamentos y municipios. “Aunque estas leyes han cumplido su propósito inicial de controlar el endeudamiento, su rigidez ha resultado contraproducente en situaciones excepcionales, como la pandemia del COVID-19, al impedir que las entidades puedan acceder al crédito para afrontar emergencias o realizar inversiones cruciales”, determinó la Contraloría .

El informe señaló también que la Ley 617 del 2000 podría haber fomentado prácticas de contabilidad creativa en los territorios. “Se han identificado casos en los que los contratos de prestación de servicios, que deberían registrarse como gastos de funcionamiento, se han clasificado como gastos de inversión para cumplir con los límites establecidos por la ley”, esto, según el organismo de control, no solo distorsiona la contabilidad pública, sino que también perpetúa la informalidad laboral en el sector público. (Lea: Contraloría evidenció graves fallas en la gestión de la SAE)

En un contexto en el que se discute un nuevo modelo de descentralización en Colombia, la Contraloría General insistió en la necesidad de revisar y actualizar las reglas fiscales territoriales: “El objetivo es crear un marco más flexible y adaptado a las actuales condiciones fiscales y financieras de las entidades territoriales, que permita a los gobiernos locales financiar inversiones productivas, mejorar la prestación de servicios públicos y fortalecer su autonomía en la toma de decisiones”.

Según la entidad, el informe concluye que la reestructuración de estas normas es esencial para que las entidades territoriales puedan responder eficazmente a los desafíos contemporáneos, beneficiando tanto a la generación actual como a las futuras. (Lea: Contraloría abre proceso de responsabilidad fiscal a Minhacienda por pagos dobles y triples en nómina)

Gracias por leernos. Si le gusta estar informado, suscríbase y acceda a todas nuestras noticias, con los datos identificadores y documentos sin límite.

Paute en Ámbito Jurídico

Siga nuestro canal en WhatsApp.