La Corte Constitucional declaró inexequibles los artículos 38 y 71 de la Ley de Presupuesto Nacional 2011 (Ley 1420 del 2010), que ordenaban incorporar las sentencias, conciliaciones y cesantías parciales al presupuesto nacional, de acuerdo con la disponibilidad de recursos, y permitían usar recursos parafiscales para la compra de infraestructura educativa. Según el alto tribunal, las normas generales de esta ley deben tener carácter temporal, referirse a la debida ejecución del presupuesto y tener fundamento en leyes preexistentes. Sin embargo, los apartes demandados no cumplían con dichos requisitos, pues el Estatuto Orgánico del Presupuesto prohibía la priorización del presupuesto y en la Ley 1420 se autorizó y condicionó el pago de sentencias a que existan recursos. Ante esto, el alto tribunal recordó que, de ser así, “se privaría a las sentencias de su fuerza vinculante, pues siempre existiría la posibilidad de que el Gobierno no presupuestara tales obligaciones”. Adicionalmente, la ley ya había definido los destinos de los recursos parafiscales y en esta norma se incluyeron dos ítems adicionales, lo que vulneraba el principio de legalidad del gasto (M. P. María Victoria Calle).