Obligar al revisor fiscal a denunciar ante la autoridad competente los actos de corrupción de los cuales tenga conocimiento por razones de su cargo no vulnera el derecho a la intimidad ni la reserva del secreto profesional de lo que le han confiado. Así lo señaló la Procuraduría General de la Nación al pedirle a la Corte Constitucional que declare exequible el artículo 7 de la Ley 1474 del 2011. El Ministerio Público explicó que el revisor fiscal, a partir del ejercicio de sus funciones, da fe pública de las actuaciones que revisa y tiene claros deberes para con personas y entes distintos a la sociedad comercial y a sus socios. Reiteró que ejerce funciones contraloras que implican el deber de denunciar conductas ilícitas o irregulares.