El contador público que se postula al cargo de revisor fiscal y, a la vez, propone su participación en la implementación de las normas internacionales de información financiera incurriría en una incompatibilidad, ya que dentro de sus funciones como revisor fiscal está opinar acerca de la aplicación adecuada de los nuevos marcos técnicos normativos, por lo que se convertiría en evaluador de su propia gestión, indicó el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Dicha incompatibilidad se elimina una vez transcurran seis meses entre la terminación de su asesoría en la implementación y el nombramiento como revisor fiscal. Adicionalmente, señaló la entidad, de darse el nombramiento en esas condiciones, podría afectar de manera directa a los usuarios, razón por la cual, con base en lo previsto en el artículo 45 de la Ley 43 de 1990, el contratante de los servicios de revisoría fiscal puede presentar queja formal debidamente documentada ante la Junta Central de Contadores.