El hecho de que los recursos obtenidos por el recaudo de la contribución especial de alumbrado público deban ser destinados por las entidades territoriales, de manera específica, a sufragar el costo de prestación de ese servicio vulnera la autonomía de aquellas para regir su fuente endógena tributaria. Así lo afirma una acción de inconstitucionalidad radicada contra varios apartes del artículo 191 del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 (Ley 1753 del 2015) (Demandante: Raymundo Francisco Marenco).