La Corte Constitucional determinó que exigir el voto favorable del Gobierno para dar viabilidad a los proyectos de tecnología, ciencia e innovación que las regiones pretendan ejecutar con recursos provenientes de las regalías desconoce el principio de descentralización y autonomía de los entes territoriales. Esta consideración llevó al alto tribunal a declarar inexequible la norma que le permitía al Ejecutivo contar con un poder de veto en esta materia (artículo 31 de la Ley 1606 del 2012). Adicionalmente, dice, la norma limitó de manera excesiva el poder de decisión que el constituyente quiso otorgarle a municipios, distritos y departamentos frente a la inversión de este tipo de recursos, particularmente orientados a generar el desarrollo en las regiones, como lo indica el artículo 361 de la Constitución. Aclaró que aunque se trata de recursos exógenos a las regiones y, por lo tanto, sujetos a un trato especial por parte del legislador, eso no significa que se puedan limitar las facultades de estas autoridades para gestionar sus intereses, fijar sus prioridades de desarrollo y administrar sus recursos. La Procuraduría coincidió con esta postura del alto tribunal, en tanto que los magistrados María Victoria Calle, Luis Guillermo Guerrero y Gabriel Eduardo Mendoza presentaron aclaraciones voto (M. P. Jorge Ignacio Pretelt).