La Corte Constitucional admitió una demanda en contra de los artículos 1º, 4º, 8º, 11, 12, 13, 16, parágrafo 2º, 50 y 52 de la Ley 1762 del 2015, que adoptó varias iniciativas para castigar el contrabando. Las disposiciones acusadas consagran los delitos de contrabando, fraude fiscal, lavado de activos, receptación y sus sanciones, entre otros temas. El ciudadano fundamenta la posible violación de los principios de unidad de materia, proporcionalidad e igualdad, pues abre la posibilidad de que personas que no forman parte de organizaciones criminales sean procesadas y sentenciadas de acuerdo con esta disposición (demandante: Sigifredo Castro Duque).