La Sección Cuarta del Consejo de Estado señaló que el artículo 1º del Decreto 779 del 2003 se ajusta a derecho porque reconoce al locatario el derecho a deducir del impuesto de renta los intereses, la corrección monetaria o costo financiero pagado por leasing habitacional para adquisición de vivienda familiar durante el respectivo año, hasta el monto previsto en el artículo 119 del Estatuto Tributario. Para el alto tribunal, la norma tampoco viola el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución, ni el artículo 1º de la Ley 975 del 2005, porque el Gobierno no excedió la facultad reglamentaria. El leasing habitacional para vivienda familiar es equiparable al crédito individual de vivienda, agregó (C. P. Hugo Fernando Bastidas).