La Corte Constitucional resolvió una nueva demanda en contra de la Ley 1943 del 2018 (Ley de Financiamiento), sobre la tarifa general del impuesto de renta para personas jurídicas (artículo 80, parcial), puntualmente una sobretasa para los bancos. Textualmente se demandaba el deber de “las entidades financieras con renta gravable igual o superior a 120.000 UVT a liquidar unos puntos adicionales al impuesto de renta durante los periodos gravables 2019, 2020, 2021”. Como se recordará, el alto tribunal declaró inexequible (seis votos contra tres) la reforma tributaria del presidente Iván Duque, con efectos diferidos. La corporación concluyó que en el proceso legislativo se violó el principio de consecutividad, en conexión con el de publicidad. En esta ocasión también se trata de un asunto de trámite, pues la Sala Plena determinó que el artículo 80 no contó con el aval del Gobierno, exigido por el artículo 154 de la Constitución Política. Se pudo comprobar que fue incluido por un congresista en segundo debate, configurando así un vicio de forma y por eso fue declarada inexequible la disposición.