La Corte Constitucional negó la solicitud elevada por el Gobierno para que se difiriera a un año la entrada en rigor de la sentencia mediante la cual ese alto tribunal declaró inexequible el fondo de estabilización de precios de los combustibles (artículo 101, literal c), de la Ley 1450 del 2011). En este caso, el alto tribunal señaló como inviable reconsiderar los efectos de la parte resolutiva de los juicios de constitucionalidad. El Ministerio de Hacienda había puesto de presente la necesidad de darle este plazo al Congreso para establecer una herramienta legislativa que permitiera mantener los ahorros de más de $ 3 billones que, según cálculos del Ejecutivo, le habría generado a los consumidores a través de la norma (M. P. Alberto Rojas).