El examen de nulidad por inconstitucionalidad con el que se busca la nulidad de los Decretos 586 del 2014, que determinó, para el año gravable 2015, la base gravable mínima del impuesto predial unificado, y el 631 del mismo año, que determinó para Bogotá los porcentajes de incremento de avalúos catastrales de conservación para el año 2015, no es competencia del Consejo de Estado. Así lo advirtió la Sección Cuarta de esa corporación, luego de explicar que el artículo 155-1 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo asignó el conocimiento de las demandas de nulidad de los actos proferidos por autoridades distritales y municipales a los jueces administrativos. En consecuencia, según los términos establecidos por el inciso 3º del artículo 139 del Código General del Proceso, el alto tribunal ordenó la remisión del expediente al operador jurídico competente, a fin de continuar con el trámite del proceso (C.P. Carmen Teresa Ortiz).