La Decisión 689 del 2008 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) facultó a sus países miembros para desarrollar y profundizar en algunos derechos previstos en el Régimen de Propiedad Industrial (Decisión 486/00), entre ellos, los relacionados con las patentes, las marcas y las denominaciones de origen. En uso de tales potestades, el Gobierno acaba de expedir el Decreto 729, que establece como opcional el requisito de registro del contrato de licencia de uso de la marca; prohíbe reconocer la protección de una denominación de origen cuando sea susceptible de generar confusión con una marca solicitada o registrada anteriormente de buena fe o notoriamente conocida; permite tramitar, con una solicitud, la inscripción de una o más transferencias o cesiones de derechos en relación con nuevas creaciones y adiciona las excepciones al ejercicio del derecho por el otorgamiento de la patente previstas en el artículo 53 de la Decisión 486, entre otras novedades.