La labor de certificación de estados financieros que cumple el contador público no debe limitarse al cumplimiento de lineamientos normativos, sino que implica la verificación de las afirmaciones explícitas e implícitas en cada uno de los elementos, así como el compromiso profesional de que dichos documentos reflejen la realidad financiera de la compañía y que, al ser tomados fielmente de los libros, los asientos contables respectivos estén debidamente respaldados mediante soportes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 123 del Decreto 2649 de 1993, según el cual estos deben adherirse a los comprobantes de contabilidad o, dejando constancia en estos, conservarse archivados en orden cronológico y de tal manera que sea posible su verificación. Así lo indicó el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, en reciente concepto.