Contador a quien niegan tarjeta profesional puede pedir nulidad del acto

La acción de tutela no puede ser utilizada para corregir las consecuencias negativas de no acudir dentro del término correspondiente ante el juez natural o para omitir completamente el procedimiento establecido en el ordenamiento para obtener la declaración de nulidad de actos administrativos.

La Corte Constitucional analizó una tutela presentada por un ciudadano venezolano contra la Junta Central de Contadores para obtener el amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, libertad de escoger profesión u oficio y libre desarrollo de la personalidad, teniendo en cuenta la negativa de expedirle la tarjeta profesional de contador por no acreditar domicilio en Colombia.

El alto tribunal explicó que si bien en principio la tutela era procedente como mecanismo transitorio el actor no acudió al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en el término de caducidad para procurar la protección de sus derechos y, a pesar de la solicitud del magistrado sustanciador para que justificara su inacción, no aportó ninguna razón.

En atención al carácter subsidiario de la acción de tutela y en la medida en que esta no puede suplir la falta de ejercicio de los medios judiciales principales, idóneos y eficaces, la acción constitucional resultó improcedente. No obstante, la Sala citó lo dicho por la Junta Central de Contadores sobre la definición de domicilio para ser inscrito como contador público, en los términos del parágrafo 1 del artículo 3 de la Ley 43 de 1990.

Según el funcionario, se debe tener en cuenta la definición prevista en el artículo 76 del Código Civil, que dispone que el domicilio consiste en la residencia acompañada, real o presuntivamente, del ánimo de permanecer en ella (M. P. Antonio José Lizarazo Ocampo).

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