Mediante auto del pasado 14 de febrero, la Sección Primera del Consejo de Estado inadmitió una demanda de nulidad contra algunos apartes del Decreto 1630 del 2011, por el cual se adoptaron medidas para restringir la operación de teléfonos celulares hurtados. Según la corporación, el actor no cumplió los requisitos exigidos para la demanda en los artículos 137 y 139 del Código Contencioso Administrativo, por lo que se ordenó su respectiva corrección.