Piden a la Rama Judicial permitir consultas automatizadas de procesos judiciales

A inicios de este año se conoció la sanción a una compañía por usar crawlers informáticos para consultar procesos en la Rama Judicial. La Delegatura para la Protección de Datos Personales de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) dijo en su momento que la información personal "públicamente disponible, accesible al público no es, per se, información de naturaleza pública".

“El hecho de que estén disponibles en internet no significa que cualquier persona puede tratarlos sin autorización previa, expresa e informada del titular del dato. Además, recolectar datos personales privados, semiprivados o sensibles en internet no legitima al recolector para apropiarse de dicha información y hacer lo que quiera con la misma”, expresó la SIC. (Lea: Sancionan a compañía por usar ‘crawlers’ informáticos para consultar procesos en la Rama Judicial)

En este contexto, ha surgido una petición pública en change.org dirigida a la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, Diana Remolina, para que elimine la restricción de las consultas automatizadas.

Para los interesados en que se autorice esta posibilidad, la Rama Judicial impuso una restricción que está impactando negativamente el trabajo de los oficiales de cumplimiento del país, quienes son los responsables directos de implementar los controles antilavado, pues determinó que no se pueden ejecutar consultas automatizadas o la utilización de robots informáticos hacia el aplicativo de revisión de procesos judiciales.

Según Sergio Reyes Díaz, director de Infolaft Academy, la consulta automatizada no solo sería más eficiente en términos de recurso humano, sino que protegería a las empresas del riesgo de involucrarse con personas vinculadas en casos de lavado de activos o cualquiera de sus 65 delitos fuentes.

“En Colombia existen más de 24.000 empresas, entidades financieras y organizaciones obligadas a implementar sistemas y controles para prevenir lavado de activos y financiación del terrorismo y reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y una de las principales exigencias que tienen que cumplir es aplicar procedimientos de debida diligencia y conocimiento de clientes para evitar relacionarse con presuntos delincuentes o integrantes de redes criminales, y para ello es clave la consulta de procesos judiciales”, explicó el directivo.

Dice la petición que si una empresa quiere conocer el estado judicial de sus 10.000 clientes para evitar relacionarse con presuntos delincuentes tendrá que hacer 10.000 consultas a mano, una por una, gastando miles de horas de trabajo de sus funcionarios, a un altísimo costo.

Hasta el momento, la petición ha obtenido 1348 firmas. Se trata de un debate entre cumplimiento de las disposiciones en materia de riesgo de LA/FT y de C/ST frente al uso de datos de los ciudadanos.

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