JUSTICIA DIGITAL: Descargue los tres proyectos que piden convertir en ley las normas del Decreto 806

Si hay una norma expedida durante la pandemia por covid-19 sobre la que existe consenso de su importancia es el Decreto 806, que implementó las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales para agilizar los procesos y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia.

Y es que allí se regulan el expediente digital y las audiencias virtuales, aspectos relacionados con los poderes, las demandas, las notificaciones, también actuaciones puntuales ante la justicia civil y administrativa. (Lea: La transformación digital de la justicia)

La revisión de la Corte Constitucional

El alto tribunal constitucional respaldó el decreto cuando lo revisó, aunque condicionó el artículo 6, sobre las demandas, para que se entienda que en el evento en que el demandante desconozca la dirección electrónica de los peritos, testigos o cualquier tercero que deba ser citado al proceso lo indique así en la demanda, sin que ello implique su inadmisión. (Lea: Rechazar recursos enviados minutos después del cierre genera defecto procedimental)

También se condicionaron el inciso 3º del artículo 8 (notificaciones personales) y el parágrafo del artículo 9 (notificación por estado y traslados), bajo el entendido de que el término dispuesto, dos días, empezará a contarse cuando el iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje de datos. (Lea: ¿Debe acreditarse la confirmación de recibido cuando se presenta la demanda?)

El consenso general es que el 806 ha servido para impulsar la justicia digital y sectores del litigio apoyan mantener las normas, especialmente porque la fecha límite de su vigencia se acerca, el próximo 4 de junio.

Es en este escenario que el Gobierno creó una comisión para revisar la vigencia y oportunidades de mejora de las disposiciones  y el resultado es un proyecto para convertir en legislación permanente las normas dictadas.

Pero no se trata solo de la comisión de expertos, algunos senadores han presentado sus proyectos de ley para avanzar en la formalización de la justicia digital:

Proyecto de Germán Varón Cotrino (323/22S)

Tiene la intención de convertir el texto del Decreto 806 en ley. Ahora bien, los artículos 12 y 13, sobre resolución de excepciones y sentencia anticipada en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, según el autor, ya fueron incorporados como legislación permanente en la Ley 2080 del 2021, por lo cual los excluye de su propuesta.

Iniciativa de la senadora María Fernanda Cabal (P. L. 324/22S)

Su objetivo es integrar el 806 tal y como se conoce, la novedad es que pide incluir a la justicia penal y a la penal militar en la aplicación de la norma.

Proyecto de la comisión de expertos

Si bien no se ha radicado ante el Legislativo, esta propuesta tiene el mayor respaldo institucional, pues la trabajó la comisión nombrada por el Gobierno para analizar la conveniencia no solo de la extensión de las medidas vigentes, sino para proponer mejoras que potencien aún más la justicia digital.

En este caso se intenta lo mismo que en las iniciativas previas, la extensión de la vigencia del decreto, excepto los artículos 12 y 13.

Como novedad vale mencionar que pide extender su aplicación a los trámites arbitrales y a los que adelanten las autoridades administrativas con funciones jurisdiccionales, así como a la especialidad penal.

Sobre la justicia penal militar y la jurisdicción especial para la paz se consultará a sus máximas autoridades antes de incluirlas.

En resumen, se trata de proyectos similares que no modifican el fondo de lo ya reglado, pero con algunos ajustes relacionados con inclusión de otras jurisdicciones.

De aprobarse como ley, el espíritu del Decreto 806 se mantendrá, a menos que otros temas se incluyan en los debates del Legislativo, inevitablemente deberán acumularse para su discusión en el Congreso.