Esta obra recoge en profundidad dos problemas relacionados entre sí y que impactan la teoría de las obligaciones, especialmente la de los profesionales de la salud y la prueba de su responsabilidad.

En efecto, apoyado en la doctrina de las cargas probatorias dinámicas, el Consejo de Estado, a partir de 1992, instauró un régimen general de presunción de culpa contra los médicos que laboraban para el Estado. La citada presunción pecaba por exceso, ya que simplemente hizo desaparecer las obligaciones en materia médica, pues, en el fondo, no solo presumía la culpa, sino también la causalidad entre falla del servicio y daño.

Los resultados fueron desastrosos hasta el punto que, en el 2007, el Consejo de Estado se vio obligado a cambiar de postura y volvió a la culpa probada, lo mismo que a la prueba del nexo causal entre culpa y daño. El derrumbe de dicha presunción obedeció a una equivocada aplicación e interpretación de la doctrina de las cargas probatorias dinámicas.

Por fortuna, el Código General del Proceso, en su artículo 167, introdujo la mencionada teoría y la reglamentó. Lo esencial de la tesis consiste en que el juez no puede imponer presunciones automáticamente, ya que solo son viables si el demandado tiene la facilidad de cumplir con la carga. De otro lado, garantizó el derecho de defensa del demandado, brindándole los mecanismos para desvirtuar la facilidad de probar ausencia de culpa y exigiendo al juez una serie de condiciones para imponer la carga, que dependen de cada caso en particular. De esa forma, corrigió los desafueros del Consejo de Estado cuando imponía una presunción de culpa sin ninguna garantía de defensa.

Pero, hay que enfatizar, las cargas probatorias dinámicas se aplican a todo tipo de contratos, obligaciones y deberes. Así, estamos frente a una reconstrucción total del régimen probatorio, y ya es hora de desarrollar la doctrina sobre tan importante institución.

El reconocido doctrinante Javier Tamayo Jaramillo es el autor de la obra. Tamayo es abogado y doctor en Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana, fundador y socio de la firma Tamayo Jaramillo & Asociados y fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia.

Editorial: Legis