Fue sancionada una ley que establece medidas para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres en el ámbito político. Se busca garantizar la participación femenina en condiciones de equidad en procesos electorales, representación democrática y el acceso a cargos públicos. Su aplicación abarca todos los niveles del Estado, desde instancias nacionales hasta comunitarias, con el propósito de fortalecer la protección de los derechos políticos de las mujeres.

La ley define la violencia política contra las mujeres como cualquier acción, conducta u omisión que cause daño físico, sicológico o moral con la intención de restringir el ejercicio de sus derechos. Esta normativa contempla agresiones tanto en el ámbito público como en el privado, sin distinción de la afiliación política o ideológica de la víctima. Asimismo, reconoce diversas formas de violencia, entre ellas la verbal, digital, económica y simbólica. (Lea: Confirman condena por acceso carnal violento y necesidad de valorar pruebas con enfoque de género)

Entre sus disposiciones más relevantes, la norma establece que los delitos relacionados con la violencia política contra las mujeres serán sancionados conforme a los tratados internacionales de derechos humanos y de equidad de género ratificados por Colombia. Además, se fortalecen las estrategias de prevención y monitoreo con el objetivo de erradicar estas prácticas discriminatorias.

El marco normativo también tipifica de manera específica modalidades de violencia como la vicaria, que afecta a las mujeres mediante agresiones dirigidas a sus familiares; la digital, que se manifiesta a través de redes sociales y plataformas tecnológicas; la económica, que restringe el acceso a recursos para el financiamiento de campañas políticas, y la simbólica, que perpetúa estereotipos de género en el ámbito político.

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