El Ministerio de Salud interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación contra la empresa Audifarma, señalando a su representante legal y directivos por su posible responsabilidad en el delito de acaparamiento. La acción judicial fue presentada por el director jurídico de la entidad, Rodolfo Enrique Salas, en cumplimiento de instrucciones del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo.

La denuncia tiene como antecedente una auditoría realizada por la Superintendencia Nacional de Salud el pasado 21 de marzo, en la que se encontraron 6.116 unidades de medicamentos almacenadas en las bodegas de Audifarma sin ser distribuidas. Según el documento, esta retención intencional de fármacos esenciales podría haber generado una escasez artificial en el sistema de salud. (Lea: Sancionan a juez que mantuvo inactivo un incidente de desacato para entregar medicamentos)

El texto presentado ante el ente acusador argumenta que este tipo de prácticas afecta a toda la población, en especial a los sectores más vulnerables, al restringir el acceso a bienes esenciales. Asimismo, advierte que la retención de medicamentos puede generar alarma en la ciudadanía, al incrementar la percepción de desabastecimiento y afectar la prestación del servicio de salud.

El presidente Gustavo Petro, en el consejo de ministros públicos realizado el martes pasado, enfatizó la importancia de judicializar este caso. Durante su intervención, solicitó que se interpusieran las denuncias penales correspondientes, argumentando que los funcionarios públicos tienen el deber constitucional de reportar cualquier posible delito. Ahora, la Fiscalía deberá determinar si existen responsabilidades penales dentro de la empresa Audifarma.

¿Qué es el acaparamiento?

Según el Código Penal, dentro de los delitos contra el orden económico existe el acaparamiento, la especulación y otras infracciones. (Lea: El acaparamiento de bienes: una mirada desde la política criminal)

Puntualmente, quien en cuantía superior a 50 salarios mínimos mensuales acapare o sustraiga del comercio artículo o producto oficialmente considerado de primera necesidad incurrirá en prisión de 48 a 108 meses y multa de 26,66 a 300 salarios mínimos mensuales.

Gracias por leernos. Recuerde que si es suscriptor puede descargar el documento soporte de esta noticia en el menú superior. Si le gusta estar informado, suscríbase y acceda a todas nuestras noticias, los datos identificadores y los documentos sin límites.