La declaración de protección de una denominación de origen es el reconocimiento que hace el Estado al posicionamiento de un producto con un nombre geográfico, que ostenta unas calidades o características especiales gracias a su origen y factores humanos, las cuales han sido sostenidas y controladas a lo largo del tiempo, indicó la Superintendencia de Industria y Comercio. Las personas naturales o jurídicas, así como las asociaciones de productores que vayan a solicitar la declaratoria de protección, deben acreditar un interés legítimo. Para ello, deben demostrar que se dedican directamente a la extracción, producción, elaboración del producto o productos que se pretenden amparar con la denominación de origen, de acuerdo con lo previsto en el artículo 203 de la Decisión 486 del 2000.