Aunque las empresas fachada o empresas de papel son un fenómeno actual que tiene implicaciones en todo orden, especialmente en materia tributaria, comercial y penal, no existe regulación propiamente dicha, indicó la Superintendencia de Sociedades. No obstante, la noción comporta siempre conductas fraudulentas bien sea de la ley o hacia las personas que sí son susceptibles de ser combatidas o sus efectos nocivos evitados, con apoyo en herramientas legales y en el desconocimiento del velo corporativo. En efecto, el literal d) del numeral 5 del artículo 24 del Código General del Proceso confirió a la superintendencia facultades jurisdiccionales en materia societaria, atribuciones que, entre otros asuntos, permiten conocer de la declaratoria de nulidad de los actos de fraude y la desestimación de la personalidad jurídica de las sociedades sometidas a su supervisión, cuando se utilice la sociedad en fraude a la ley o en perjuicio de terceros.