Aprueban como legislación permanente medidas de salvamento empresarial y protección del empleo

El Congreso dio vía libre al proyecto 106/23S-365/24C, que adoptará, de sancionarse como ley, de manera permanente las medidas establecidas en los decretos leyes 560 y 772 del 2020, para proteger a las empresas, preservar los empleos y salvaguardar el crédito.

Vale recordar que estas medidas expidieron por el impacto económico generado por la pandemia del Covid-19.

En el articulado se adoptan la recomendaciones de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional y de la Organización para Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) de armonizar los marcos de insolvencia con estándares globales.

La Superintendencia de Sociedades destacó las disposiciones de salvamento empresarial y promoción de la reactivación económica:

1. Acceso expedito y alivio financiero: se establecen mecanismos simplificados para facilitar la reorganización empresarial, ofreciendo plazos de pago flexibles y alivio financiero para las cargas que enfrentan las empresas.

2. Estímulo a la financiación y salvamento empresarial: se fomentan las iniciativas para la financiación del deudor y se establecen mecanismos de rescate para empresas al borde de la liquidación, previniendo su desaparición y protegiendo su viabilidad.

3. Negociación de acuerdos de reorganización y procedimientos de recuperación: se implementan marcos sólidos para guiar la negociación de acuerdos de reorganización y procedimientos de recuperación, priorizando la cobertura y la atención a los deudores, asegurando soluciones justas y equitativas para todas las partes involucradas.

4. Régimen de insolvencia y protección empresarial: se establecen directrices claras para definir un régimen de insolvencia efectivo, promoviendo el uso de herramientas tecnológicas e implementando mecanismos robustos para proteger las empresas y los empleos, salvaguardando el tejido empresarial y el bienestar de los trabajadores.

5. Recuperación de valor en procesos de liquidación: se priorizan estrategias efectivas para la recuperación de valor en los procesos de liquidación, enfatizando la adjudicación en bloque o como unidad productiva, maximizando el retorno de activos y minimizando las pérdidas para acreedores y deudores.

6. Fortalecimiento de los auxiliares de la justicia: se amplía la lista de auxiliares de la justicia para atender de manera eficaz el creciente volumen de procedimientos de insolvencia, garantizando una atención oportuna y especializada a las empresas en dificultades.

7. Procesos expeditos de reorganización y liquidación judicial simplificada: se establecen procedimientos simplificados para agilizar la resolución de casos de insolvencia de menor tamaño, optimizando los recursos y brindando soluciones más rápidas y eficientes a las empresas afectadas.

8. Aplicación subsidiaria de la Ley 1116/06: se establece la aplicación subsidiaria de la Ley 1116 para los procesos de reorganización expedita y liquidación judicial simplificada, brindando un marco legal sólido y coherente para este tipo de procedimientos.

9. Armonización internacional: Colombia se alinea con los estándares internacionales en materia de insolvencia, asegurando el cumplimiento de los compromisos internacionales del país y promoviendo la integración del marco legal nacional con las mejores prácticas globales.

10. Beneficios legales específicos para pequeñas empresas: se implementa legislación para atender las necesidades particulares de las pequeñas empresas, empleando mecanismos menos intervencionistas que facilitan la búsqueda de soluciones justas y equitativas entre acreedores y deudores, fomentando su crecimiento y sostenibilidad.

11. Competitividad y confianza de los inversores: se reconoce la importancia de los marcos legales y regulatorios sólidos para la inversión, enfatizando la necesidad de proteger las inversiones y mejorar la competitividad del país, creando un entorno más atractivo para la inversión nacional y extranjera.

12. Impulso al desarrollo económico y la economía popular: el plan de desarrollo enfatiza el impulso a la economía popular y comunitaria, reconociendo su papel fundamental en la generación de empleo y el dinamismo económico, y promoviendo medidas para fortalecer este sector.

13. Eficiencia en los procedimientos concursales: se establecen regulaciones para fortalecer la economía popular, especialmente las pequeñas y microempresas.

El superintendente de Sociedades, Billy Escobar, señaló la futura ley como “un hito muy importante para el salvamento empresarial, recogiendo las bondades de los decretos 560 y 772, que apoyaron a las empresas en las dificultades que sufrieron durante la pandemia, lo cual nos permite construir sobre lo construido, fortaleciendo el ecosistema empresarial colombiano y el impulso a la recuperación económica”.

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