Para que se configure una actuación abusiva al amparo de lo previsto en el artículo 43 de la Ley 1258 del 2008, sobre abuso del derecho de voto, es necesario demostrar que el asociado se valió del ejercicio del mismo para causar daño u obtener una ventaja injustificada, indicó la Superintendencia de Sociedades. Por lo tanto, quien invoque la utilización irregular del derecho de voto debe probar que el ejercicio de esa prerrogativa la causó perjuicios a la compañía o a alguno de los asociados o que sirvió para obtener una ventaja injustificada. En el caso bajo análisis, la demandante consideró que el demandado vetó la posibilidad de remover al representante legal y disolver la compañía, con el propósito de encubrir y prolongar diversas actuaciones censurables desplegadas en su beneficio por parte del administrador. No obstante, la entidad no encontró en el expediente pruebas de que la propuesta de remover al representante legal hubiera sido siquiera debatida en las reuniones de la asamblea general de accionistas.