En eventos de error evidente en el precio y de una magnitud tal que a los ojos de un consumidor medio resultaría absurdo, la Superintendencia de Industria y Comercio precisó que no hay lugar a ordenar al empresario mantener el precio anunciado, sin perjuicio de las órdenes que se impartan para hacer efectivos los derechos del primero. En todo caso, agregó, corresponde al empresario probar que la información publicada es fruto de un error y que la equivocación es evidente para el consumidor. La entidad estudió una demanda por no respetarse las condiciones iniciales de una oferta e incurrir en información errónea respecto de una empresa que ofreció por error en su página web una camioneta por $ 9’100.000, pero que en lista figuraba con un valor de $ 142 millones.