Senado aprueba objeción del Gobierno a medidas de salvamento empresarial

Con 71 votos por el sí, fueron aprobadas las objeciones hechas por el Presidente de la República al proyecto de ley que establece como legislación permanente los decretos legislativos 560 y 772 del 2020 y sus decretos reglamentarios 842 y 1332 del 2020, relacionados con insolvencia empresarial.

Recordemos que la intención de esta propuesta es hacer ley las medidas que se expidieron por el impacto económico generado por la pandemia del Covid-19.

En el articulado se adoptan recomendaciones de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional y de la Organización para Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) de armonizar los marcos de insolvencia con estándares globales.

Sin embargo, el Gobierno objetó la propuesta por considerar que incluir un proceso de reorganización abreviado y un proceso de liquidación judicial simplificado para pequeñas insolvencias podría generar un riesgo significativo para la estabilidad laboral. Para el Ejecutivo, se debe garantizar un equilibrio entra la viabilidad financiera de las empresas y la protección de los derechos laborales. (Lea: Aprueban como legislación permanente medidas de salvamento empresarial y protección del empleo)

La comisión de congresistas dijo que son razonables las objeciones por inconveniencia y propuso adicionar el artículo 12 para fijar que las acreencias laborales gozarán de especial protección y que serán reconocidas y pagadas preferentemente. Recuerde que al final de esta nota puede descargar el documento que contiene el texto definitivo aprobado.

Otros elementos importantes de la futura ley

1. Acceso expedito y alivio financiero: se establecen mecanismos simplificados para facilitar la reorganización empresarial, ofreciendo plazos de pago flexibles y alivio financiero para las cargas que enfrentan las empresas.

2. Estímulo a la financiación y salvamento empresarial: se fomentan las iniciativas para la financiación del deudor y se establecen mecanismos de rescate para empresas al borde de la liquidación, previniendo su desaparición y protegiendo su viabilidad.

3. Negociación de acuerdos de reorganización y procedimientos de recuperación: se implementan marcos sólidos para guiar la negociación de acuerdos de reorganización y procedimientos de recuperación, priorizando la cobertura y la atención a los deudores, asegurando soluciones justas y equitativas para todas las partes involucradas.

4. Régimen de insolvencia y protección empresarial: se establecen directrices claras para definir un régimen de insolvencia efectivo, promoviendo el uso de herramientas tecnológicas e implementando mecanismos robustos para proteger las empresas y los empleos, salvaguardando el tejido empresarial y el bienestar de los trabajadores.

5. Recuperación de valor en procesos de liquidación: se priorizan estrategias efectivas para la recuperación de valor en los procesos de liquidación, enfatizando la adjudicación en bloque o como unidad productiva, maximizando el retorno de activos y minimizando las pérdidas para acreedores y deudores.

6. Fortalecimiento de los auxiliares de la justicia: se amplía la lista de auxiliares de la justicia para atender de manera eficaz el creciente volumen de procedimientos de insolvencia, garantizando una atención oportuna y especializada a las empresas en dificultades.

7. Procesos expeditos de reorganización y liquidación judicial simplificada: se establecen procedimientos simplificados para agilizar la resolución de casos de insolvencia de menor tamaño, optimizando los recursos y brindando soluciones más rápidas y eficientes a las empresas afectadas.

8. Aplicación subsidiaria de la Ley 1116/06: se establece la aplicación subsidiaria de la Ley 1116 para los procesos de reorganización expedita y liquidación judicial simplificada, brindando un marco legal sólido y coherente para este tipo de procedimientos.

9. Armonización internacional: Colombia se alinea con los estándares internacionales en materia de insolvencia, asegurando el cumplimiento de los compromisos internacionales del país y promoviendo la integración del marco legal nacional con las mejores prácticas globales.

10. Beneficios legales específicos para pequeñas empresas: se implementa legislación para atender las necesidades particulares de las pequeñas empresas, empleando mecanismos menos intervencionistas que facilitan la búsqueda de soluciones justas y equitativas entre acreedores y deudores, fomentando su crecimiento y sostenibilidad.

11. Competitividad y confianza de los inversores: se reconoce la importancia de los marcos legales y regulatorios sólidos para la inversión, enfatizando la necesidad de proteger las inversiones y mejorar la competitividad del país, creando un entorno más atractivo para la inversión nacional y extranjera.

12. Impulso al desarrollo económico y la economía popular: el plan de desarrollo enfatiza el impulso a la economía popular y comunitaria, reconociendo su papel fundamental en la generación de empleo y el dinamismo económico, y promoviendo medidas para fortalecer este sector.

13. Eficiencia en los procedimientos concursales: se establecen regulaciones para fortalecer la economía popular, especialmente las pequeñas y microempresas.

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