Los precios ofertados por las empresas farmacéuticas en el mercado colombiano, que son pactados con el Gobierno, se consideran información pública. Por lo tanto, no pueden ocultarse, con el argumento de que están sometidos a reserva legal.

Así lo advirtió la Corte Constitucional, en una sentencia de tutela de junio del año pasado, publicada recientemente. Según el fallo, ni la Constitución ni la ley ordenan que los documentos en los que constan estos precios sean reservados. Así las cosas, cuando se solicite su conocimiento a través de un derecho de petición, las autoridades no pueden negarse a suministrar la información.

Con base en estas consideraciones, la Corte le ordenó al Ministerio de la Protección Social (hoy Ministerio de Salud) entregarle a la Federación Médica Colombiana los precios de unos medicamentos ofertados por la farmacéutica Roche, sobre los cuales esa compañía tiene el monopolio de la comercialización.

El Ministerio se había negado a la solicitud de la federación, con el argumento de que la información estaba protegida por la reserva legal. Sin embargo, la Corte rechazó esa posición y consideró como públicos esta clase de documentos.

(Corte Constitucional, Sentencia T-487, jun. 21/11. M. P. Jorge Ignacio Pretelt)