Gobierno plantea nuevo marco para distribución de combustibles en zonas fronterizas

04 de Diciembre de 2024

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El Ministerio de Minas y Energía dio a conocer un proyecto de decreto para modificar el Decreto 1073 del 2015, que regula la distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo en regiones estratégicas del país. La actualización buscaría establecer un marco robusto que priorice la sostenibilidad, la eficiencia económica y la legalidad en el sector, particularmente en municipios fronterizos. La propuesta apunta a garantizar un suministro continuo y competitivo de combustibles, fomentando la integridad del mercado y la protección del entorno económico de estas zonas.

El proyecto propone esquemas de distribución que definirían los volúmenes máximos de combustible asignados a cada municipio fronterizo, detallando la infraestructura necesaria y optimizando la logística para asegurar el acceso a las estaciones de servicio. Estas disposiciones se acompañarían de mecanismos específicos para situaciones de emergencia, que permitirían mantener el suministro en circunstancias excepcionales, asegurando que las poblaciones no enfrenten desabastecimientos imprevistos. (Lea: Minminas propone reglamentar Sistema nacional de seguridad minera)

Una de las innovaciones de este proyecto sería la creación de una metodología para la asignación de volúmenes de combustible que incorporará beneficios tributarios. Esta metodología tomaría en cuenta criterios como la sostenibilidad fiscal, el uso racional de los combustibles y el fomento de la legalidad. Para los consumidores, se establecerían normas diferenciadas: los pequeños (menos de 8.000 galones mensuales) y los grandes (más de 8.000 y menos de 20.000 galones mensuales) deberán cumplir con requisitos de infraestructura adecuada y adherirse a normativas específicas para acceder a los suministros, promoviendo un uso eficiente de los recursos.

Además, se coordinaría con el Ministerio de Defensa la implementación de lineamientos precisos para el manejo de combustibles incautados. Estas acciones buscarían reforzar las medidas de control y lucha contra el contrabando, una problemática que afecta la integridad del mercado y genera un impacto negativo en la economía local.

El proyecto de decreto propone un plazo transitorio de nueve meses, durante el cual se mantendrán los esquemas de distribución actuales, permitiendo así la transición gradual hacia las nuevas disposiciones. Este periodo tendría como objetivo garantizar que los actores del sector se adapten de manera eficiente a las modificaciones, asegurando la continuidad del suministro y la estabilidad del mercado.

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