Para que se configure una actuación abusiva al amparo de lo previsto en el artículo 43 de la Ley 1258 del 2008, sobre abuso del derecho de voto, es necesario demostrar que el asociado se valió del ejercicio del mismo para causar daño u obtener una ventaja injustificada.

Por lo tanto, indicó la Superintendencia de Sociedades, un demandante que invoque la utilización irregular del derecho de voto debe probar que el ejercicio de esa prerrogativa la causó perjuicios a la compañía o a alguno de los asociados o que sirvió para obtener una ventaja injustificada.

También es indispensable que el derecho de voto haya sido ejercido con el propósito de generar esos efectos ilegítimos. De esta manera, quien inicia una acción judicial por abuso del derecho de voto debe satisfacer una altísima carga probatoria.

En el caso bajo análisis, la demandante consideró que el demandado vetó la posibilidad de remover al representante legal y disolver la compañía, con el propósito de encubrir y prolongar diversas actuaciones censurables desplegadas en su beneficio por parte del administrador.

No obstante, la entidad no encontró en las actas que obraban en el expediente que la propuesta de remover al representante legal hubiera sido siquiera debatida en las reuniones de la asamblea general de accionistas señaladas en la demanda, es decir, no se ejerció el derecho de voto cuestionado.

Así pues, al no haberse acreditado el ejercicio de la prerrogativa en mención por parte del demandado, el despacho desestimó las pretensiones de la acción invocada.

Supersociedades, Sentencia 800-59, Feb. 22/16

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