Sin la correspondiente sanción presidencial, el Gobierno de­volvió al Congreso, por razones de inconveniencia, el proyecto de ley que ampliaba las posibilidades de retiro de cesantías para educación. El Ejecutivo explica que si bien comparte la finalidad y los objetivos que rodean la iniciativa, los reparos están orientados a sugerir al Legislativo algunas precisiones meramente formales que apuntan a facilitar la implementación de las normas incorporadas en el proyecto. Según indica la objeción, la iniciativa tiene por objeto que el trabajador afiliado a un fondo de cesantías también esté facultado para retirar las sumas abonadas para destinarlas al pago de educa­ción superior de sus hijos o dependientes. “Se trata, en efecto, de dos categorías diferenciadas de beneficiarios. No obstante, la redacción del articulado propuesto es un poco ambigua al determinar qué debe entenderse por el concepto de “dependientes”, puesto que la definición propuesta en el parágrafo del artículo 2° resulta tautológica, comoquiera que el mismo concepto que se pretende definir se confunde con la definición aportada”. A juicio de la Presidencia, la categoría “dependientes” se torna de difícil reglamentación e implementación, por lo que, en función de la precisión de una disposición de orden legislativo, se sugiere aportar mayor claridad sobre el particular.