La Corte Constitucional admitió una demanda contra el artículo 118-1 del Estatuto Tributario y el artículo 109 de la Ley 1607 del 2012, que regula la deducción de los intereses de deudas (subcapitalización) del impuesto de renta. En opinión del demandante, la norma establece un tratamiento desigual, inequitativo y sancionatorio para quienes optan por desarrollar sus actividades empresariales, industriales y comerciales con recursos provenientes del crédito, en contra de los principios constitucionales de libre empresa y los artículos 13, 29, 83, 95, 333 y 363 de la Carta Política (demandante: Jorge Daniel Carreño Jiménez).