La Corte Constitucional reiteró que las historias laborales son documentos con relevancia constitucional, porque incluyen información valiosa sobre los aportes a pensiones que hace cada uno de los trabajadores y porque representan un instrumento indispensable para acceder a prestaciones sociales. Por lo anterior, el tratamiento y manejo de la información corresponde a las administradoras de pensiones, quienes tienen diversos deberes, que van desde asegurar la integridad y exactitud de la información consignada, hasta guardar y custodiar las bases de datos. Así mismo,  le corresponde a estas entidades la carga de la prueba en relación con asuntos pensionales; de modo que si pretende modificar una situación ya declarada en los documentos que emite debe desplegar una actuación para lograrlo, en el marco de los cauces legales. Según advierte la providencia, cuando las administradoras de pensiones incumplen alguno de sus deberes no se debe trasladar la carga de su negligencia a los afiliados, ni se pueden generar consecuencias jurídicas negativas para el trabajador, por cuanto como principales obligadas en relación con las controversias que surgen a partir de las historias laborales deberán desplegar las actuaciones que sean necesarias para garantizar la veracidad, claridad y precisión de tales documentos (M. P. Gloria Stella Ortiz).