Tres demandas de inconstitucionalidad atacan los límites que la Ley 1823 del 2017 impuso a la obligación de adoptar salas de lactancia en las empresas privadas. En efecto, el parágrafo único del artículo 2° de la norma que adoptó la estrategia “salas amigas de la familia lactante del entorno laboral” excluyó la aplicación de esta medida a las compañías del sector privado con capitales menores a 1.500 salarios mínimos mensuales legales vigentes y con menos de 50 empleadas. Los escritos tienen en común los principios superiores que invocan como vulnerados: el derecho a la igualdad, la protección especial a la mujer, los derechos fundamentales de los niños, el derecho al trabajo, entre otras. Justamente, aseguran que se desconoce la igualdad de oportunidades, pues no existe ningún argumento que justifique cercenar solo a algunas mujeres trabajadoras el derecho a lactar a sus hijos sin importar las condiciones de su empleador.