Repensar la Corte Penal Internacional: complementariedad y principio de confianza

Víctor Mosquera Marín
Abogado con Ph. D. en Derecho Internacional Público y Maestría en Protección Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad Sapienza de Roma (Italia)

La Corte Penal Internacional (CPI) es un pilar fundamental en la lucha contra la impunidad de los crímenes más graves que afectan a la humanidad, como genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión. Es así como, desde su creación, la CPI ha estado orientada por los principios de complementariedad y confianza en los sistemas judiciales nacionales.

No obstante, la evolución de los conflictos y la situación de derechos humanos en ciertos países, como Venezuela, exige un repensar profundo sobre la forma en que estos principios se aplican en la práctica.

La complementariedad: un principio dinámico

El principio de complementariedad establece que la CPI interviene únicamente cuando un Estado parte no está dispuesto o no tiene la capacidad de investigar y enjuiciar genuinamente los crímenes bajo su jurisdicción. En la doctrina y teoría, este principio busca respetar la soberanía y confiar en las intenciones sinceras de lucha contra la impunidad de los Estados, pero la práctica ha demostrado que, en algunos casos, es utilizado para aparentar justicia, sin alcanzarla realmente.

Este fenómeno de “justicia aparente” o como lo he denominado en mis libros “cosa juzgada fraudulenta” le ha permitido a algunos Estados protegerse del escrutinio internacional sin comprometerse genuinamente con la justicia, como es el caso de Venezuela. En ese país, las instituciones judiciales carecen de imparcialidad, independencia y transparencia, es decir, acción efectiva contra la impunidad, pues, en teoría, cuentan con un sistema jurídico penal que tipifica crímenes y que tiene un procedimiento para ajuiciar a los responsables, pero cualquier espectador de cualquier país desprovisto de ideología política puede reconocer fácilmente y de forma independiente que, en la práctica, esto solo es ilusorio.

En el contexto de Venezuela, la justicia no solo está comprometida, sino que el sistema judicial actúa bajo el control político del actual régimen, lo que impide investigaciones genuinas sobre graves violaciones a los derechos humanos. Ante esta realidad, la intervención de la CPI se convierte en una necesidad para garantizar que los crímenes cometidos no queden impunes. Como lo destacan los Principios para la Lucha contra la Impunidad de la ONU, la inacción del Estado frente a violaciones graves de derechos humanos no solo fomenta la impunidad, sino que perpetúa la vulnerabilidad de las víctimas y la desconfianza en la aplicación del principio universal de justicia.

El principio de confianza: un enfoque crítico

El principio de confianza en los sistemas judiciales nacionales se basa en la premisa de que los Estados parte cumplirán con los estándares internacionales. Sin embargo, esta confianza no puede ser ciega, especialmente en contextos como el venezolano, donde las instituciones judiciales carecen de la independencia necesaria para investigar y enjuiciar con imparcialidad. La CPI debe implementar una “confianza condicionada”, donde los sistemas judiciales nacionales sean objeto de una evaluación continua, basada en su capacidad para cumplir con los estándares internacionales.

Como afirmó Kofi Annan, ex secretario general de la ONU y premio Nobel de la Paz, en uno de sus discursos sobre la CPI: “La Corte Penal Internacional encarna la aspiración de la humanidad hacia la justicia. Ofrece esperanza a las personas más vulnerables del mundo, aquellas que más sufren las peores atrocidades”[1]. Por eso, los principios que la orientan deben ser dinámicos, en aras de garantizar justicia y protección efectiva.

La CPI no puede ser percibida solo como un mecanismo de última instancia, debemos ser lo suficientemente ágiles para intervenir de manera temprana y evitar que los crímenes más graves permanezcan impunes, especialmente cuando los Estados no pueden o no quieren actuar.

El actual fiscal de la CPI, Karim Khan, ha señalado: “No estamos encontrando una manera de salir de escena (...), no estamos diciendo que no podemos cumplir. Eso es algo que profesionalmente no puedo aceptar (...), hemos establecido una base para la realización exitosa de los objetivos que planteamos en nuestra visión estratégica”[2]. Esta visión de una CPI más proactiva coincide con la necesidad de revaluar cómo se aplica el principio de confianza en los sistemas judiciales nacionales, y de reforzar la capacidad de la Corte para supervisar de manera efectiva los procedimientos nacionales.

Hacia un nuevo modelo de complementarieda

Es necesario que la complementariedad se transforme en un principio más flexible y proactivo, que permita a la CPI intervenir en aquellos casos donde existan indicios de que un Estado no está cumpliendo con los estándares mínimos de justicia. Para ello propongo:

(i) Mecanismos de auditoría judicial internacional. La CPI debería establecer mecanismos de supervisión continua sobre los sistemas nacionales para garantizar que se cumplan con los estándares internacionales. Esto no solo fortalecería la confianza, sino que también garantizaría que las víctimas de crímenes internacionales no queden atrapadas en sistemas ineficaces o politizados, como el de Venezuela.

(ii) Protocolos de evaluación previa. La capacidad de que la CPI revise la idoneidad de un sistema judicial antes de que los casos lleguen a la Corte sería una medida preventiva eficaz, que no erosiona la soberanía, sino que garantiza el cumplimiento de los principios internacionales.

(iii) Confianza condicionada. La confianza entre la CPI y los Estados parte debe ganarse y mantenerse en función de su capacidad para garantizar el rule of law. Los sistemas que muestren compromiso con la justicia recibirán mayor autonomía, mientras que aquellos que demuestren fallos sistemáticos deben estar sujetos a una mayor supervisión. Esto permite, a su vez, capacidad de acción preventiva para corregir deficiencias y garantizar que los crímenes no queden impunes y que, de presentarse presuntos crímenes, se desconfié del sistema que no pasó los estándares y se proceda a ejercer su jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves.

Complementariedad y protección de los derechos humanos

El Derecho Penal Internacional no solo busca sancionar a los responsables de crímenes atroces, sino también garantizar que se haga justicia y que las víctimas reciban reparación. Los Principios para la Lucha contra la Impunidad de la ONU dejan claro que, cuando los Estados fallan en sus obligaciones, es deber de la comunidad internacional, y particularmente de la CPI, garantizar que la justicia prevalezca. En este sentido, la complementariedad debe ser vista no como un obstáculo, sino como una oportunidad para fortalecer los sistemas nacionales y asegurar que los estándares internacionales se cumplan.

Conclusión

Repensar el funcionamiento de la CPI en relación con la complementariedad y el principio de confianza no es una cuestión de socavar la soberanía de los Estados, sino de fortalecer los pilares de la justicia internacional. La realidad es que, en muchos casos, los sistemas judiciales nacionales no han cumplido con su obligación de juzgar crímenes atroces. Es aquí donde la CPI debe adoptar un enfoque más proactivo y dinámico, que combine la supervisión continua de los procedimientos nacionales, el establecimiento de confianza condicionada y mecanismos de intervención preventiva.

La CPI representa la aspiración de la humanidad hacia la justicia, y es responsabilidad de la comunidad internacional asegurar que esta institución cumpla su mandato con efectividad. Por ello, se requiere un cambio de paradigma que dote a la CPI de las herramientas y recursos necesarios para enfrentar los retos que conlleva la lucha contra la impunidad en un mundo cada vez más complejo en la dinámica de la criminalidad.

Frente a la crisis de confianza en ciertos Estados, como Venezuela, es esencial que la CPI intervenga cuando la justicia interna se vea comprometida. No se trata de erosionar el principio de complementariedad, sino de reforzarlo mediante mecanismos que aseguren que la justicia no sea un mero formalismo. Solo a través de un compromiso firme con los principios del rule of law y la cooperación internacional se podrá garantizar la protección de los derechos humanos y el fin de la impunidad. En última instancia, una CPI más activa y colaborativa será el garante de que los crímenes internacionales se enfrenten con la fuerza de la justicia global.

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