Rendición de cuentas en el contexto global de erosión democrática

Mateo Merchán Duque

Universidad de Nueva York (EE UU)

Miembro del ICON-S Capítulo Colombia

Líderes emergentes con amplio respaldo popular constantemente tienden un manto de duda sobre principios democráticos básicos, como la alternancia en el poder, los frenos y contrapesos y los derechos civiles y políticos. La academia ha advertido cómo la institucionalidad se torna frágil ante estos poderosos actores, por lo cual es fundamental concebir fórmulas para balancear los legítimos reclamos de aquellos insatisfechos con la realidad y los peligros que generan los proyectos políticos que erosionan los mecanismos de control. 

En ese contexto, un ángulo de análisis que merece especial atención es el de la rendición de cuentas. Un concepto bastante difuso, usualmente malinterpretado y empleado como fachada de transparencia superficial. Para entenderlo, es útil acudir a la distinción que presenta Waldron entre rendición de cuentas “forense”, relativa a la labor de los fiscales y tribunales que vigilan y sancionan a los funcionarios públicos, y la rendición de cuentas “agencial”, fundamentada en la idea de un acuerdo entre agenciado y un agente sobre las acciones que debe llevar a cabo el segundo en representación del primero. Este tipo de vínculo da cuenta de cómo debería funcionar un sistema democrático. “El pueblo” (el agenciado) pese a ser un ente difuso, plural y con desacuerdos, encomienda la administración de los asuntos públicos a un conjunto de funcionarios (los agentes) que son responsables frente a su agenciado de forma directa o indirecta.

Esta forma de entender el principio de rendición de cuentas es útil para contrarrestar los impulsos autoritarios. La rendición de cuentas “agencial” no se agota con una validación electoral cada cuatro años, ni con la sanción de un funcionario por el incumplimiento de la ley. También contempla la necesidad de mantener canales a través de los cuales “el pueblo” pueda exigir a quienes agencian los asuntos públicos rendir informe sobre esa gestión y tomar medidas en consecuencia. Además, esta relación se expresa a través de medios formales, como las mociones de censura y las instituciones garantes (por ejemplo, las agencias anticorrupción), y medios informales como la protesta social, especialmente importante para aquellos que no acceden a los canales formales de participación. 

Este punto es fundamental, pues, usualmente, quienes buscan erosionar los sistemas de control argumentan la ilegitimidad de las instituciones que de alguna manera se interponen a la voluntad de la mayoría. Sin embargo, esto parte de una lectura equivocada del principio de rendición de cuentas, pues quienes se ocupan de los asuntos públicos no solo se deben a “la mayoría” que apoya una determinada opción política. En la práctica, “el pueblo” está constituido por individuos, grupos de interés, gremios, comunidades étnicas, asociaciones regionales, etc. Estos actores conforman un sujeto agenciado heterogéneo con legítimos desacuerdos, pero al cual se deben quienes gobiernan y a quienes deben rendirle cuentas. Los agenciados están legitimados para exigir transparencia real sobre la forma en que se conducen los asuntos públicos. Contrario a lo que recientemente sostuvo la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos en el caso de la inmunidad del expresidente Trump, la rendición de cuentas no representa un obstáculo para el ejercicio de la función constitucional de los gobernantes, por el contrario, es premisa de dicha función. La rendición de cuentas no se opone a la legitimidad democrática, más bien, la potencia.

Así las cosas, la rendición de cuentas resulta especialmente importante cuando poderosos líderes o grupos capturan los mecanismos de control vertical (electoral) y horizontal (ramas del poder e instituciones garantes),transformándolos en frenos meramente aparentes. En este escenario, una sociedad civil activa que movilice los distintos reclamos que los gobernantes deben atender, ejerciendo un control transversal, que pese a ser subestimado, termina siendo la última línea de defensa de la democracia. 

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