Virtualidad, litigio y firmas de abogados

Fabio Humar Jaramillo

Abogado penalista

 

De la pandemia algo bueno debía quedar. Tanto dolor, tanta incertidumbre debían ser compensados de alguna manera. Raros son los caminos del Señor, decimos los litigantes, y la pandemia nos trajo el avance más importante en décadas en materia legal y de acceso a la administración de justicia: la virtualidad. Sumadas todas las transformaciones derivadas de las reformas que se han adelantado en el país, que no son pocas, estas no se equiparan con los tremendos avances que trajo consigo el litigio virtual. Acá va un análisis y algunas conclusiones.

 

El mayor problema de la justicia en el país es el difícil acceso que tiene el ciudadano común y corriente al sistema judicial. Este problema tiene, a su vez, dos frentes: el primero tiene que ver con el camino de obstácu­los para acceder fácilmente a la justicia, camino que está atravesado por la obligación de conseguir abogados, hacer desplazamientos y meterse en un mundo enmarañado y extraño. El segundo, que nos parece el más grave, es la mora judicial, la mayor de las injusticias en el aparato jurídico. El retardo en la resolución de conflictos ya es un lugar tan común en nuestro sistema que ha dado lugar a los famosos chistes de que la vida de un abogado equivale a un proceso ordinario y, en el mejor de los casos, a un proceso y medio.

 

Cifras contundentes

 

Las cifras en esta materia no mienten. Veamos: para el año 2019 (prepandemia), de 100 procesos que entraban al sistema judicial, solo eran evacuados 84. Había, pues, un rezago de 16 procesos, que iban a alimentar y a engrosar los pesados anaqueles de los juzgados. La mayor mora estaba en la justicia ordinaria, que es la que más reclama el ciudadano. Lo señala en su informe la Corporación Excelencia en la Justicia, en el acápite escrito por Natalia Ángel, actual magistrada de la Corte Constitucional: para el 2019, hubo un inventario de procesos cercano a 1.800.000, una cifra nada amable con el ciudadano que espera una pronta y efectiva justicia.

 

La mora judicial está sobrediagnosticada. Mucho se ha analizado y aunque las soluciones que se han propuesto lograron bajar la fiebre, ninguna ha atacado la enfermedad de raíz. Esto, en parte, por el costo fiscal que supone tal cosa, ya que implica la creación de cargos de cientos o miles de jueces, lo cual resulta sumamente costoso. No se puede olvidar que Colombia tiene, según cifras del 2019, 11 jueces por cada 100.000 habitantes, lo que es considerado un nivel medio-bajo, habida cuenta de la conflictividad social tan elevada y los fenómenos de multicriminalidad existentes.

 

Ante ese escenario, la pandemia y los mecanismos para administrar justicia que con ella se crearon, como la virtualidad, han permitido atacar de manera importante la mora judicial; ya llegarán las cifras definitivas, pero, por ahora, todo indica que son halagüeñas.

 

¿Quién iba a pensar que se podría ejecu­tar un pagaré vía WhatsApp o correr el traslado de elementos de prueba por correo electrónico? Incluso, antes era un sueño hacer más de dos o tres audiencias al día, cosa imposible por los desplazamientos. Hoy, desde la comodidad de la casa o la oficina, se atiende un par de largas audiencias en Bogotá, se dicta una charla en ciudad de Panamá y se sustenta un recurso en el Tribunal de Manizales, todo a cero costos. Una fantasía.

 

Claro, esto plantea retos. Por ejemplo, falta que algunos operadores jurídicos que son reticentes al uso de tecnologías logren adecuarse a los nuevos tiempos, profundizar en el acceso a internet en algunas zonas del país y dotar de mejores herramientas a los funcionarios judiciales. A modo de anécdota, una fiscal señalaba, hace poco, que el compu­tador que recién le habían asignado no tenía cámara ni micrófono y que ella, de su bolsillo, los había comprado.

 

Las firmas de abogados no se han quedado atrás en los beneficios que ha traído la virtualidad. Estos van desde cosas tan sencillas, como el inmenso ahorro en costos de oficina, hasta el probado bienestar que han significado para los abogados las nuevas modalidades de teletrabajo y trabajo híbrido. Nada mal para una profesión tan difícil de modernizar, que romantiza las prácticas del siglo XVIII.

 

Por supuesto, también hay retos inmensos en la práctica de los bufetes, que pasan por la adopción de herramientas tecnológicas muy costosas para la gestión documental, hasta el entrenamiento de los más jóvenes, que ahora debe hacerse a control remoto. En fin, hay tareas por adelantar.

 

Desafíos inmediatos

 

Evidentemente, el balance de la virtualización de la justicia ha sido exitoso. Los desafíos más inmediatos son los siguientes:

 

(i) La refractariedad de algunos funcionarios y abogados que desconocen el manejo de las TIC. Ya ha habido casos de jueces en audiencia que se resisten a esas incomprensibles cosas como compartir pantalla para mostrar algún documento o que todavía exigen que los poderes tengan nota de presentación personal. Paciencia y evangelización en las TIC. Nada más.

 

(ii) Adecuar las ya muy decantadas técnicas de investigación a la virtualidad. El testimonio, por ejemplo, supone una gran dificultad. ¿Cómo saber si el testigo recibe ayuda desde atrás de la cámara? O, ¿cómo percatarse de que el testigo no tiene un guion en su pantalla? Incluso, ¿cómo saber que la persona que está declarando es el mismo testigo citado y no otro que lo reemplaza o suplanta? Ahí quedan algunas cosas que deben ser resueltas, bien sea para determinar que tales pruebas no se pueden tomar de forma virtual, o bien para adecuarlas a las nuevas realidades. Quizá lo razonable es una mezcla de virtualidad con presencialidad. La práctica irá alumbrando el camino.

 

Sobre este punto ha habido un avance muy notorio, ya recogido en un caso identificado con el Radicado SP 2195-2022–59601 de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Se juzgaba el delito de lesiones personales y, por cuenta de la pandemia, todo el proceso se surtió de manera virtual. La Corte reconoce que la víctima del delito mostró en la sesión virtual las heridas causadas en su momento. Tal cosa, dijo la Corte, hace parte del testimonio de la víctima y todo ello sin que hubiera presencialidad. Un caso importante que, de alguna manera, desmitifica aquello de que el juez debe percibir, presencialmente, a los testigos.

 

(iii) La cobertura de internet de buena calidad en las zonas más apartadas del país. Este reto, desde luego, requiere de la ayuda del Estado. De nada sirve la legislación más moderna, más vanguardista, si la señal se cae o si transmitir un video tarda horas. Los programas estatales que pretenden llevar internet de alta velocidad a las escuelas deberían, de una vez, incluir a los juzgados y centros de operación judicial. Tan importante es la conexión de alta velocidad para un niño, como para un juez.

 

(iv) La autenticidad y la autenticación de documentos y demás pruebas que se aportan en los procesos. Este es otro asunto del que hay que ocuparse. Antes, bastaba el sello de la notaría. Ahora, para tener claridad sobre la autenticidad del documento, se requiere, ante todo, confianza sobre la parte que lo aporta. Nada fácil, pero de la mano de tecnologías como el blockchain se puede solventar este asunto.

 

Por último, algunos análisis empíricos, pero que sirven mucho, han señalado grandes ahorros para las entidades públicas por cuenta de la virtualidad: hay menos desplazamientos, viáticos e, incluso, pago de servicios públicos en las sedes judiciales. Ese dinero debe destinarse, sin duda, al mejoramiento de los salarios de los funcionarios y a su capacitación.

 

Lamento decirlo por nosotros, los abogados, pero la mejor reforma legal en décadas no vino de sesudos estudios y análisis; provino, como la mayoría de cambios importantes en la historia, de una tragedia. Que nos quede la lección.