Crisis de la justicia en Perú: un problema y una posibilidad

Heber Joel Campos

 

Abogado y profesor de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)

 

Magíster en Ciencias Políticas por la PUCP y LLM en Global Rule of Law and Constitutional Democracy por la Universidad de Génova (Italia)

 

Quiero aprovechar este espacio para compartir con ustedes algunas ideas en torno a la reciente crisis del sistema de justicia en general y del sistema jurisdiccional en particular que han afectado a mi país, Perú, tras la difusión de unos audios que revelan actos de corrupción protagonizados por fiscales, jueces, líderes políticos, empresarios y hasta dirigentes de la Federación Peruana de Futbol.

 

Estos audios dan cuenta de una crisis generalizada pero, al parecer, oculta de nuestro sistema de justicia, lo que pone en cuestión, por un lado, la idoneidad e integridad de nuestras autoridades, y por el otro la fortaleza de nuestras instituciones democráticas, que no han sabido dar respuestas efectivas al flagelo de la corrupción, pese a sus evidentes y consabidos síntomas.

 

I

 

Hace poco más de un mes el portal IDL Reporteros difundió unos audios en los que se escuchaba a un juez superior conversar con algunos integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM)[1]. La conversación no era anodina. En ella se demostraba que este juez era cercano a los responsables de designar y ratificar a jueces y fiscales en todo el país y que estos, a su vez, le solicitaban favores con base en su influencia en otros espacios. Después de ello aparecieron nuevos audios en los que los protagonistas eran ya no un juez superior, sino un vocal de la Corte Suprema, y luego otros en los que se escuchaba a abogados y empresarios vinculados a líderes políticos y así hasta llegar a la cifra tremebunda de 60 audios de un aproximado de 10 mil que estarían en poder de los medios.

 

Estos diálogos tenían de todo. De comedia hasta de drama. En algunos de ellos se escucha, por ejemplo, al Consejero Iván Noguera (también conocido como Dr. Rock) pedirle a un empresario -Mario Mendoza- que le compre 50 entradas para un concierto que iba a dar en los próximos días. El empresario se resiste y en un primer momento le ofrece comprarle solo 40 entradas. El Dr. Rock insiste y logra convencerlo de su oferta. Gracias por colaborar con el artista peruano, le espeta[2].

 

En otro audio se escucha al juez supremo César Hinostroza preguntar por un caso de violación de una menor de edad. La conversación es sórdida, por lo que me remitiré a transcribirla para que ustedes saquen sus propias conclusiones:

 

“¿Cuántos años tiene? ¿Diez años? ¿Once añitos? [...] ¿Pero está desflorada? [...] ¿Qué es lo que quieren, que le bajen la pena o lo declaren inocente?".

 

La investigación que ha permitido revelar estos audios fue solicitada por el Ministerio Público y autorizada por el Poder Judicial. Se interceptaron los teléfonos de 12 personas durante aproximadamente seis meses y el impacto de su difusión ha sido similar al de una bomba atómica: devastador[3].

 

Al día de hoy se han tomado las siguientes acciones: se han destituido todos los integrantes del CNM, se ha denunciado constitucionalmente al juez de la Corte Suprema, Cesar Hinostroza y al actual Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry[4]. Se ha detenido preventivamente, por 18 meses, al expresidente de la Corte Superior del Callao, Walter Ríos, y como efecto colateral han renunciado a sus cargos el Ministro de Justicia y el Presidente del Poder Judicial.

 

El escenario que se presenta no es, pues, alentador. Cada día aparecen nuevos audios -no olvidemos que son casi 10 mil- y cada día nuevas autoridades son implicadas. Entre ellas una que gozaba de mucha popularidad: el actual presidente de la Federación Peruana de Fútbol, quien, al parecer, facilitó la presencia de algunos jueces en el mundial de Rusia de este año.

 

Los peruanos vemos con perplejidad lo que se difunde en los medios. Esta crisis parece amenazar no solo a los operadores jurídicos, responsables del funcionamiento de la justicia en nuestro país, sino a la clase política en su conjunto. De ahí la importancia del rol que jueguen nuestras autoridades y la sociedad civil en la misma, pues de ello depende que la crisis se ahonde o se convierta en algo positivo para nosotros.

 

II

 

Aquí es donde conviene hablar de los problemas que revela esta crisis. Durante mucho tiempo los peruanos hemos convivido con ella, pero no hemos podido identificarla.

 

Sin duda los problemas que evidencia son vastos y complejos. Se podría escribir un libro apenas delineándolos, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de mencionar los que a mi modo de ver son los más significativos.

 

• La corrupción generalizada que permea al sistema de administración de justicia en su conjunto.

 

• Un mal diseño institucional que no ha estado en capacidad de prevenir y corregir a tiempo los efectos dañinos de este flagelo, y

 

• La falta de legitimidad de nuestros representantes y líderes políticos, ajenos al desafío histórico que representaba democratizar y modernizar nuestro país tras la época oscura del autoritarismo de los años 90.

 

Estos problemas han horadado la confianza de los peruanos en sus instituciones. Durante mucho tiempo nos concentramos en el crecimiento económico y en el fomento de las inversiones como única vía al desarrollo, y dejamos de lado el fortalecimiento institucional y la renovación de la política.

 

En palabras del politólogo Alberto Vergara: “¿por qué en estas últimas dos décadas hemos crecido económicamente mientras la vida pública se pudre por los cuatro costados? Porque como mandaba el catecismo, la inversión era “lo único” que nos haría progresar. Por gracia divina modernizadora, ella se convertiría en mejores instituciones”.[5]

 

Ahora bien, estos problemas tampoco es que sean nuevos para nosotros. Desde hace ya varios lustros contamos con ambiciosos diagnósticos que los señalan. Uno de los más recordados es el de la famosa Comisión Especial para la Reforma de la Justicia (CERIAJUS), que a pesar de las soluciones que aportaba no fue implementado debido a la ausencia de voluntad política.

 

En suma, lo que padecemos actualmente los peruanos no es del todo un hecho inopinado. Es apenas la constatación de una problemática que desde siempre intuíamos pero que, por razones diversas, no pudimos resolver a tiempo. Hoy, sin embargo, se abre una oportunidad para hacerlo de la mano del liderazgo del presidente Martin Vizcarra y de una ciudadanía indignada con sus autoridades que reclama a gritos un cambio.

 

III

 

El presidente Martín Vizcarra anunció en su discurso por fiestas patrias que convocará en el plazo más breve a un referéndum para que los peruanos nos pronunciemos sobre sus propuestas de reforma judicial y política.

 

El presidente ha propuesto seis medidas, las cuales han motivado el entusiasmo del pueblo y la resistencia de la clase política, que siente que el presidente los ha puesto en una situación incómoda al cuestionar algunos de sus privilegios.

 

Estas medidas son[6]:

 

• Aprobar el plan nacional de integridad de lucha contra la corrupción.

 

• Crear la Secretaría de Integridad Pública.

 

• Reactivar los espacios regionales anticorrupción a través de 14 comisiones regionales.

 

• Crear la plataforma de seguimiento de candidatos, que incluye sus expedientes judiciales y sentencias.

 

• Implementar un centro de denuncias de corrupción con línea gratuita.

 

• Implementar una campaña para garantizar el cumplimiento de la neutralidad por parte de los servidores públicos en procesos electorales.

 

• Aprobar la declaración jurada de intereses para los funcionarios.

 

• Aprobar una ley de reforma del financiamiento político.

 

Es importante advertir que estas medidas han sintonizado con el ánimo popular. La gente considera que el Presidente ha tomado una decisión valiente que los empodera y les permite pronunciarse sobre cómo superar esta crisis que, insisto, no solo es judicial, sino moral y política.

 

Estas medidas, sin duda, no son suficientes para resolver la problemática que afrontamos, pero son un primer paso que podría contribuir a generar un círculo virtuoso que nos permita ser más conscientes del rol fundamental que cumple la justicia en el progreso de nuestra sociedad.

 

La situación que vivimos se empieza a parecer, en ese sentido, a la que vivieron ustedes con la séptima papeleta que dio paso a la Asamblea Constituyente de 1991. Así pues, los peruanos sentimos que en medio de la crisis profunda en la que estamos sumidos se presenta una oportunidad única de reformar nuestras instituciones y de replantear los términos de nuestros acuerdos políticos básicos. Si logramos canalizar esta indignación y este repudio a la corrupción en algo positivo -como una reflexión amplia y robusta sobre cómo queremos vivir-, esta crisis habrá valido la pena y nos habrá dado un nuevo impulso para arribar al bicentenario de nuestra independencia más fuertes y unidos que ayer. ¡Que así sea!