Multimedia: CPI, ¿herramienta efectiva para combatir los crímenes contra la humanidad?

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“Estamos en un proceso histórico de transformación mundial que nos cuesta mirarlo, porque lo vemos en detalles”. Con esas palabras, Luis Moreno Ocampo, exfiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI), resumió la década de existencia de ese tribunal, creado para perseguir a los autores de los peores delitos contra la humanidad.

 

El 1º de julio, la CPI cumplió 10 años de funcionamiento. A la par con ese aniversario, Moreno fue remplazado por la gambiana Fatou Bensouda, quien se desempeñó por nueve años como una de sus fiscales de confianza.

 

El proceso histórico del que habla Moreno es, sin duda, el mejor argumento al que acuden los defensores de la CPI para exaltar su vigencia. Y de la mirada detallada se nutren sus mayores críticos para atacarla. ¿Qué ha pasado con la CPI en su primera década?

 

La transformación mundial

La CPI respondió a un proceso histórico que, para no ir más lejos, empezó a abrirse camino con los tribunales de Nüremberg y Tokio, que investigaron y juzgaron a varios criminales de la Segunda Guerra Mundial.

 

Más adelante, con la creación de los tribunales ad hoc para los conflictos en Yugoslavia y Ruanda, a comienzos de los noventa, la tierra quedó abonada para constituir un tribunal penal permanente con jurisdicción universal.

 

El Estatuto de Roma (ER), firmado en 1998, le dio vida a la CPI, qué entró en vigencia con la ratificación de 60 países a mediados del 2002. Así, los crímenes de guerra, los delitos de lesa humanidad y de agresión y los genocidios tienen hoy un juez universal.

 

De acuerdo con Rafael Prieto Sanjuán, profesor de Derecho Internacional de la Universidad Javeriana, siempre se desea más, pero la concreción de un proyecto, como el de la CPI, con la ratificación de 121 Estados parte, es muy positiva.

 

Esa opinión la comparte Raúl Eduardo Sánchez, magíster en Derecho Penal Internacional, quien agrega que la CPI es una herramienta eficiente en la lucha contra la impunidad, que está investigando a los principales responsables de delitos serios que trascienden la comunidad internacional.

 

Otro experto que entrega un balance positivo es Augusto Ibáñez Guzmán, uno de los negociadores por Colombia en las comisiones preparatorias del ER. En opinión de este exmagistrado de la Corte Suprema, la experiencia de justicia internacional se empieza a consolidar. “La CPI está diseñada, como lo dijo el exfiscal Moreno, para no aplicarla, porque es un mecanismo complementario y que va a remplazar los sistemas nacionales. Entonces, si entra a operar frente a un país, eso significa que algo no está funcionando”.

 

En ese sentido, Alejandro Aponte Cardona, miembro del Grupo Latinoamericano de Estudios de Derecho Penal Internacional, cree que la CPI ha cumplido con su efecto disuasivo y simbólico en los países que han incorporado el ER en sus legislaciones. “No hay que mirarla como una especie de fantasma o de supercorte a la que se le van a atribuir milagros”, advierte.

 

Una mirada detallada

Son varios los cuestionamientos que ha tenido la CPI en esta década: una baja producción de fallos (solo uno), la poca efectividad de las órdenes de captura (aún sigue prófugo el presidente de Sudán del Norte, Omar al-Bashir), la ausencia de varias potencias mundiales (EE UU, China y Rusia, entre otras, no firmaron o ratificaron el ER) y el escaso número de casos que se investigan (únicamente siete).

 

Sánchez agrega otras críticas al listado: “En primer lugar, es una justicia pesada, es decir, costosa y lenta. Cada proceso tiene unos tiempos que no son tan ágiles, pero es entendible, en la medida en que se están investigando grandes crímenes. En segundo lugar, creo que no existe gran colaboración de parte de los Estados, como en el caso del Presidente de Sudán del Norte, quien tiene una orden de captura, pero nadie se atreve a detenerlo. Por último, cito una queja que no es mía, sino de la Organización de Estados Africanos: no es la Corte Penal Internacional, sino la Corte Penal Africana”.

 

Prieto comparte la opinión de Sánchez sobre la falta de cooperación internacional. En su opinión, son muchos los Estados que adquieren compromisos con sus pares y, al momento de exigírselos, los incumplen, invocando falsos argumentos de soberanía. “Por ejemplo, aquellos Estados que celebran acuerdos con otros que excluirían la jurisdicción de la Corte por crímenes de su competencia o cuando hacen caso omiso de las órdenes de captura. Y aún más, cuando adoptan leyes o actos que contrarían el objetivo principal de lucha contra la impunidad”.

 

Con la ausencia de países como EE UU, China, Rusia, India, Siria, Egipto, Turquía e Israel, entre otros, casos como los de Guantánamo, las represiones en el Tíbet y Chechenia, las masacres en Siria y Egipto y los ataques a Palestina podrían pasar de “agache” frente a la CPI.

 

A pesar de ello, Ibáñez y Prieto coinciden en que, desde el Consejo de Seguridad, varios de estos países, como EE UU, han apoyado indirectamente la labor de la CPI. Sánchez agrega que el éxito no radica en quiénes hacen parte o no del ER, sino de las investigaciones en contra de los principales responsables de crímenes internacionales.

 

Frente al único fallo expedido por la CPI, Ibáñez destaca la consolidación figuras como el principio de responsabilidad personal y la responsabilidad por órdenes del superior, lo que significa un avance en la aplicación de los convenios de Ginebra.

 

¿Y Colombia?

Con la llegada de Bensouda al ente acusador, algunos analistas prevén la “desafricanización” de los casos. Así, cualquiera de los países que se encuentra en estudio preliminar podría ser el siguiente en pasar al estrado de la justicia penal internacional.

 

¿Tal vez Colombia? En varias ocasiones, el exfiscal Moreno señaló que la CPI vigila la situación del país, en especial, las demoras en los procesos que se adelantan en la Ley de Justicia y Paz. Sin duda, este tema se complicó con la extradición de jefes paramilitares.

 

Otro asunto sensible para el país es la impunidad en los “falsos positivos”. Recientemente, dos ONG internacionales denunciaron ante la CPI cerca de 3.000 muertes de civiles ocurridas entre los años 2002 y 2008, que fueron presentadas como “bajas en combate”.

 

Así mismo, durante el trámite del Proyecto de Acto Legislativo de Justicia Transicional, la ONG Human Rights Watch calificó la iniciativa como “una amnistía encubierta” y alertó que la CPI “está observando de cerca la situación del país”.

 

No obstante, con la caída a última hora de la reforma a la justicia, se conjuró una verdadera amenaza de intervención de la CPI en el país. Otros temas como el reclutamiento de menores, el secuestro y el desplazamiento forzado siguen siendo delicados frente a los ojos de la comunidad internacional.

 

No obstante, en opinión de Ibáñez, es un imposible que la competencia de la CPI incluya a Colombia, porque el estamento judicial es fuerte, sus figuras son consolidadas y el ejercicio de la judicatura es positivo, a pesar de los errores que se cometen.

 

Aponte también destaca que, en los últimos años, el país ha enriquecido su legislación y su dogmática con figuras del derecho penal internacional. Así mismo, en temas como el respeto del Derecho Internacional Humanitario (DIH), las amnistías, el indulto o los delitos políticos ha liderado debates latinoamericanos.

 

Y Prieto recuerda que aunque el examen es preliminar, no es garantía que la CPI siga inerme frente al progresivo aumento de violaciones graves o sistemáticas a los derechos humanos y al DIH.

 

Vista en el contexto histórico, como dijo Moreno, la CPI es un paso significativo en la lucha contra la impunidad mundial frente a los delitos más graves. Sin embargo, hay que afinar los detalles, para que en el balance de la próxima década sea mucho más fructífero.

 

 

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Datos sobre la Corte Penal Internacional

 

-          La CPI ha abierto siete situaciones: República Democrática del Congo y norte de Uganda (2004), Sudán (2005), República Centroafricana (2007), Kenia (2009) y Libia y Costa de Marfil (2011).

-          De los siete casos, tres remisiones han sido de Estados, dos del Consejo de Seguridad de la ONU y dos investigaciones iniciadas por la CPI.

-          Se han emitido 18 órdenes de captura y 9 órdenes de comparecencia. Dos en contra de jefes de Estado, Omar al-Bashir, de Sudán del Norte, y Muammar al-Gaddafi, de Libia. Este último fue asesinado el 20 de octubre del 2011.

-          La primera sentencia se produjo en contra del congoleño Thomas Lubanga, por reclutamiento de niños. La Fiscalía pidió 30 años de prisión. La condena se dictará el 10 de julio.

-          En Afganistán, Colombia, Georgia, Guinea, Honduras, Nigeria, Palestina y Corea del Sur se abrieron exámenes preliminares.

-          121 Estados han ratificado el Estatuto de Roma.