Estatuto del trabajo no puede ser un faro al pasado

Elizabeth Jiménez Villegas

Asociada en Chapman Wilches

Redes sociales: @chapmanwilches

La agenda de reformas laborales que viene adelantando el Gobierno Nacional en sus primeros meses mira hacia el pasado, nos lleva a la era de las máquinas de escribir sin percatarse de que estamos en la Cuarta Revolución Industrial. ¿Cómo enfrentar los desafíos de la tecnología? ¿Cómo adaptarnos a las nuevas realidades económicas y de trabajo?  ¿Cómo adaptarnos a la visión de trabajo de las nuevas generaciones? Estas son las preguntas clave que deberían responder los proyectos de reforma.

Por el contrario, lentamente y sin darnos cuenta, vienen ganando terreno propuestas que no están atendiendo a las verdaderas prioridades de Colombia en materia laboral, prioridades que no son otras que la búsqueda de medidas que nos hagan un país más competitivo, logrando generar más empleo y la disminución de las altas tasas de informalidad.

Paradójicamente, las reformas propuestas tienen como referencia países como España, que tiene la mayor tasa de desempleo de los países Ocde (12,7 %), incluso mayor a la de Colombia, e ignoran por completo los nuevos ejemplos mundiales en estas materias, como, por ejemplo, Dinamarca, que con su modelo de flexiseguridad, se convierte en el segundo país de la Ocde con la menor tasa de desempleo (4,6 %).

Así, son tres los grandes retos para Colombia en esta materia: (i) la cantidad y la variedad de proyectos de decretos y de leyes de reforma propuestos en materia laboral, con un contenido de normas inflexibles frente a la realidad social y económica; (ii) el endurecimiento de las posturas en la inspección laboral por parte del Ministerio del Trabajo (Mintrabajo), y (iii) la deslegitimación paulatina de la voz del empleador impulsada por los actores del Gobierno, quienes en su discurso han venido atacando reiteradamente a los empresarios y los han caracterizado, incluso, como el “enemigo”.

Iniciativas legislativas

Frente al primer reto, debemos decir que existen diversas iniciativas legislativas, unas, incluso, ya se encuentran en trámite en el Congreso.

Desde el plano del derecho laboral colectivo, se plantean cambios sustanciales, como la eliminación de las figuras del pacto colectivo y el contrato sindical, la negociación colectiva por rama de actividad económica y el otorgamiento de permisos sindicales y de otras prerrogativas para los sindicatos. Es decir, estas concesiones ya no se darían producto del proceso natural de negociación, escenario en el que convergen el ejercicio del derecho de asociación y de la libertad empresarial, sino que serían un mínimo legal.

Frente al derecho laboral individual, se proponen reformas tocantes a la mayoría de los aspectos de la relación laboral, los cuales incluyen la restricción de las modalidades de contratación a término fijo o por obra o labor, la limitación en el uso de empresas de servicios temporales, el incremento de los recargos por trabajo nocturno y dominical, la ampliación del horario nocturno, el incremento de las vacaciones, el aumento de la licencia de paternidad, la restricción del uso de contratos de prestación de servicios e, incluso, cláusulas que generan estabilidad en el empleo y limitaciones a la terminación de los contratos de trabajo. 

Todas estas reformas generan un impacto considerable en el sector empresarial, no solo restringiendo el derecho a la libertad de empresa, sino también su capacidad económica para vincular personal, lo que, a la postre, aleja a los millones de colombianos que se encuentran en la informalidad de la posibilidad de conseguir un empleo formal. Esta realidad resulta más dramática para las mipymes que proveen más del 95 % de empleos en Colombia y cuya estabilidad, de cara a la rigidez y los costos excesivos de esta reforma, se ven abiertamente amenazadas.

Funciones de fiscalización

El segundo reto se vislumbra frente a la nueva posición del Mintrabajo, producto de la cual se han expedido circulares que definen criterios más rígidos para el ejercicio de sus funciones de fiscalización.

Así las cosas, el Mintrabajo ha tomado una postura hostil frente a los pactos colectivos y las políticas de beneficios, pues, desde la postura de esta entidad, los mismos afectarían el derecho de asociación sindical. Criterio contrario a lo dispuesto por nuestro ordenamiento laboral que permite que los trabajadores no sindicalizados se organicen y negocien sus propios beneficios.

Así mismo, esta entidad ha planteado que prestará especial atención a las querellas en contra de empresas que se nieguen a negociar pliegos de peticiones, así como la posibilidad de sancionar a las empresas que, según su criterio, violan el fuero de acoso laboral. Esto último es, incluso, una extralimitación de sus facultades, pues declarar la existencia de dicho fuero y de las conductas de acoso laboral corresponde exclusivamente al juez laboral.

Estas circulares no son aisladas y se espera que, en los próximos meses, se promuevan adicionales, regulando aspectos que están en la agenda del Gobierno. No son más que el tráiler de la película de terror que serán las reformas legislativas laborales. En otras palabras, la reforma ya llegó a través del Mintrabajo.

Deslegitimación de los empleadores

El tercer desafío, más preocupante aún, es la deslegitimación de la voz de los empleadores, quienes vienen siendo relegados en el discurso oficial a un papel secundario o, en palabras de un representante del Gobierno, a ser un “actor más”. Este desafío se recrudece con la descalificación constante que los mismos actores promueven en contra de las empresas y los empleadores, con mensajes que buscan afectar su imagen, caracterizándolos como el “enemigo” que vulnera los derechos de los trabajadores. Basta con revisar sus redes sociales para darse cuenta de esto.

Es cierto que hay casos de abuso por parte de algunos empleadores, pero también es cierto que algunos trabajadores abusan de sus derechos y del sistema. No por ello se está deslegitimando su voz y su posición en la sociedad.

Este desafío resulta alarmante, por cuanto, si bien hay muchos actores relevantes en la discusión social y legislativa, los empresarios no pueden ser un actor más: son el principal socio del Estado. Es simple: sin empresa no hay empleo, sin empresa no hay tributos, sin empresa no hay financiación para el Estado y sus subsidios, para su “vida sabrosa” y, como tal, debe dárseles ese lugar en la discusión.

Este discurso dañino genera barreras entre trabajadores y empleadores, aleja el diálogo social (contrario a los preceptuado por la OIT) y entorpece la coordinación económica y el equilibrio social entre las partes, principio orientador de nuestro ordenamiento laboral.

Y entonces, ¿qué sigue?

Por una parte, entre trabajadores, empleadores y Gobierno debe construirse un nuevo derecho del trabajo universal e incluyente, siguiendo modelos de países como, por ejemplo, Dinamarca. Flexibilidad en la contratación y retiro de trabajadores, con seguros robustos de desempleo y programas de formación de trabajadores frente a las necesidades del mercado laboral, son propuestas de una reforma laboral integral, moderna e incluyente.

Por otra parte, el sector empresarial no puede resignarse a ser un “convidado de piedra” en los debates que se vienen suscitando a nivel nacional, no solo porque son un actor crucial y fundamental para la economía nacional, sino porque desde su posición tiene una especial obligación de ser la voz de los informales, de esos más de 12 millones de colombianos que en la actualidad se encuentran excluidos del mercado laboral.

Así las cosas, los trabajadores y los empleadores tienen el deber de participar en los espacios de discusión de las reformas, poniendo en la lupa los problemas fundamentales del mercado laboral colombiano y anticipándose al cambio de manera prospectiva y proactiva. Se requiere una reforma laboral, pero diferente a lo que se está proponiendo, se necesita una reforma que permita a Colombia adaptarse a las nuevas realidades económicas, a las nuevas formas de trabajo y a la visión de trabajo de las nuevas generaciones.