El nuevo Gobierno y los desafíos que enfrentará en asuntos laborales
14 de Septiembre de 2022
Carolina Porras Ramírez
Socia del Área Laboral de Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU)
María José Rondón
Asociada del Área Laboral de Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU)
Pablo Güete
Asociado del Área Laboral de Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU)
El Gobierno del presidente Gustavo Petro recibe un país que está en crecimiento, pero con arduos e importantes retos en el camino. La reactivación económica después de la crisis por el covid-19 trae consigo grandes desafíos con los que tendrán que lidiar todas las partes involucradas en la tan sonada reforma laboral, la cual busca, sin duda, atender los retos en esa materia.
En los últimos días, la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, reveló los puntos clave que pretende incluir en la nueva reforma. Ha dicho la ministra que buscará ampliar, hasta el 2024, el subsidio de empleo a empresas que contraten a jóvenes entre los 18 y los 28 años (subsidio que, de acuerdo con ese ministerio, ha generado alrededor de 567.000 empleos en un año). Así mismo, modificará el subsidio al desempleo, que cuesta cerca de 880.000 millones anuales, para que sea más expedito, pues los desempleados tardan hasta dos meses para acceder al mismo. De otro lado, planea abordar los contratos temporales a los que se refirió como algo “perverso”, así como a la tercerización. También, pretende llegar a acuerdos para recalcular la franja horaria de la jornada nocturna e intentará que el aumento anual del salario mínimo sea mayor a la inflación e incluya un punto de productividad.
Concertación
Para lograr todo lo anterior, según el ministerio, en lo trascurrido de septiembre, dicha cartera ha realizado 25 reuniones con empresarios, centrales obreras, organizaciones nacionales e internacionales y planean desarrollar una conferencia nacional del trabajo, donde todas las partes interesadas en la reforma aporten sus puntos de vista, junto con el Gobierno. Si bien hay temas coyunturales urgentes en materia laboral, el Gobierno necesita avanzar cuanto antes, si pretende materializar con éxito las reformas más importantes. Frente a esto, hace bien el Ministerio del Trabajo en dialogar con todos los sectores en lo que queda del 2022, antes de construir un texto definitivo de reforma laboral para la primera legislatura del 2023.
Es positivo que los cambios que están siendo planteados se estén desarrollando de forma estructural e invitando a la concertación con todas las partes involucradas. No obstante, las temáticas formuladas son muchas y, a la vez, muy complejas, por lo que no hay que perder de vista la profundidad de algunos de los temas planteados.
En primer lugar, el Gobierno tendrá el importante reto de definir estrategias efectivas para propender por la formalización laboral. No es secreto para nadie que la formalización implica un impacto directo a la empresa privada. Por tanto, aun cuando el objetivo sea propender por una formalización, esto debe efectuarse a través de políticas públicas conscientes, racionales y proporcionales que no desincentiven la estabilidad de la empresa privada. La formalización debe ir en armonía con el desarrollo económico a través de la libre empresa.
A propósito de la formalización, el Gobierno debe “desatanizar” el concepto de tercerización, pues esta figura, por sí sola, no es perjudicial. No es sensato pretender que todos los empleadores contraten directamente a todas las personas que prestan un servicio del cual aquellos se benefician. Lo anterior, pues, precisamente, lo eficiente es que las compañías se dediquen a lo que son expertas, siendo viable que tercericen aquellos servicios conexos, en el marco de la legalidad.
Desempleo y brecha de género
Un segundo punto crítico que deberá revisar el nuevo Gobierno es la necesidad de implementar ajustes encaminados a disminuir la tasa de desempleo estructural que tiene Colombia, la cual es más alta que la de los países pares de la región (según cifras del Banco Mundial, el año pasado, Colombia fue el segundo país con la mayor tasa de desempleo en Latinoamérica, alcanzando una tasa del 36 %). En este sentido, será importante hacer ajustes a las condiciones laborales, para que estas se adapten a las necesidades que se crearon durante y después de la pandemia para trabajadores y empleadores, teniendo en cuenta, además, que la crisis global actual está incrementando la falta de oportunidades.
Por su parte, los diferentes esquemas de trabajo híbrido (trabajo no presencial hasta un día y medio a la semana, teletrabajo, trabajo en casa y trabajo remoto), que hoy pueden acordar los empleadores con sus trabajadores, representan una gran oportunidad para la generación de nuevos empleos. Sin embargo, el provecho que se le pueda sacar a estas figuras dependerá no solo de la creación de estrategias desde el Ministerio del Trabajo, sino también de que otras carteras, como el Ministerio de Educación, incluyan en su política pública métodos para la capacitación de trabajadores en nuevas tecnologías y, en general, en formar las competencias necesarias para afrontar los desafíos laborales actuales y de los próximos años.
Un tercer reto que no puede pasarse desapercibido, y del que ya ha hablado el presidente, es que aún es evidente la brecha de género en el mercado laboral. Según cifras del Dane, actualmente, la brecha salarial en Colombia supera el 10 %, por lo que la nueva reforma debe hacer real los principios laborales ya existentes que buscan garantizar la igualdad entre hombres y mujeres, tanto para acceder a trabajos remunerados como para asegurar la igualdad en materia salarial.
Reforma pensional
De otro lado, el nuevo Gobierno ha anunciado la necesidad de llevar a cabo una reforma pensional estructural que tendrá como principales objetivos el aumento de la cobertura pensional de los colombianos y planteará la entrega de un auxilio económico mensual para adultos mayores que no lograron consolidar una pensión para su vejez. Con ocasión a dicha reforma, existe una gran incertidumbre por parte de los afiliados, quienes no saben si permanecer en el régimen pensional al cual pertenecen. Lo anterior, al no tener claridad de la afectación de un derecho pensional que puede no consolidarse en el corto plazo.
Por tanto, el reto para el Gobierno en esta materia, además de brindar seguridad a los afiliados, será garantizar tanto los derechos adquiridos como las expectativas legítimas de aquellos. A su vez, no es un secreto que las propuestas en materia pensional implicarán una importante asignación presupuestal, en el marco de un régimen pensional que hoy pareciera ser financieramente inviable.
Tampoco podrá ignorar el Gobierno que las empresas son jugadores clave en el desarrollo económico del país y, por lo tanto, la moderación y la concertación con los empresarios será un factor fundamental para lograr los avances que el mercado laboral necesita. En el 2021, el incremento del salario mínimo fue considerablemente superior a la inflación y no se meditó sobre el impacto que esto significó para las empresas. El incremento en el costo laboral aumenta el costo de producción, lo cual tiene efectos directos en el número de trabajadores contratados en una compañía.
Finalmente, otro punto importante será el trabajo interdisciplinario que deberá llevar a cabo el Gobierno en lo que respecta al impacto que pueda generar la nueva reforma tributaria en los ingresos de los trabajadores. En los debates que se lleven a cabo por todos los sectores para construir la reforma laboral, deberá hacerse un estudio profundo de los impactos que pueda generar la tributaria en el mercado laboral. Incrementar el recaudo de las empresas privadas, a través de la reforma tributaria, así como incrementar el costo laboral, a través de una reforma laboral, sin duda perjudicará a la empresa privada y, a su vez, la intención de disminuir la tasa de desempleo estructural.
A pesar del mensaje de concertación que da el Gobierno, lo cierto es que hay un miedo por parte del sector privado con ocasión a las propuestas derivadas no solo de la reforma tributaria, sino también de la laboral. Con el fin de no desincentivar la inversión en Colombia, la nueva reforma laboral debe construirse luego de hacer un análisis riguroso, progresivo y proporcional, que no deje a un lado los objetivos de la empresa privada.
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