La necesaria formación del abogado administrador

Carlos Mario Molina Betancur

Director Ejecutivo de la Asociación Colombiana de Facultades de Derecho (Acofade)

Una de las grandes discusiones que tuvo recientemente la academia jurídica del país, antes de pasar a evaluar la formación que tenían los abogados en Colombia, fue la definición del concepto moderno del Derecho. Entre mucho discurrir, con connotados juristas, representativos de 70 facultades de Derecho asociadas, se llegó a la conclusión que el Derecho no se circunscribe solo al concepto jurídico, parece que su objeto de estudio también abarca un amplio concepto de administración y gestión pública.

Prueba de ello es el nombre de una de las competencias básicas que hoy evalúa el ICFES y que se denomina “gestión del conflicto”, la cual implica amplios conocimientos de administración pública, gestión y manejo de varios tipos de conflicto: empresarial, laboral, administrativo, político y legal.

Sin embargo, poco o nada es lo que aprenden los estudiantes de Derecho en materia de administración pública o empresarial, aunado a los pobres conocimientos que tienen en Derecho Aduanero, Fiscal, Financiero, Minero, Bancario y Societario. Esto parece ilógico ante el avance importante de los tratados de libre comercio, la globalización del mercado local y la regionalización de la globalización, la planeación obligatoria del territorio regional y los avances en mercado virtual y proyectos de impacto en sostenibilidad y desarrollo regional, que conllevan la necesaria gestión de la ciencia, la tecnología, la innovación y el emprendimiento, hacia donde van dirigidos gran parte de los financiamientos de las regalías.

Fortalezas y debilidades

Pero esto no es solo una disertación jurídica de abogados. Muy recientemente, frente a la urgencia de modernizar y reformar el sistema de educación superior del país, las autoridades colombianas solicitaron a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y al Banco Mundial establecer las fortalezas y las debilidades del sistema, tanto en el ámbito nacional como en una de las más importantes regiones del país: el departamento de Antioquia.

El informe nacional resalta la importancia de fortalecer la calidad y pertinencia de los programas y de elaborar una estrategia sostenible de financiamiento de la expansión de la cobertura con equidad (OCDE y Banco Mundial, 2012). El informe de Antioquia destaca los desafíos de eliminar las disparidades que afectan a los grupos desfavorecidos (quintiles más pobres, población rural), y de formar vínculos más estrechos entre las instituciones de educación superior y el mundo productivo para acelerar el desarrollo económico del departamento (OCDE, 2012).

El Gobierno Nacional, con base en dichas recomendaciones, y por aspirar a ser el tercer país latinoamericano miembro de la OCDE, trabaja en un proyecto de reforma (Ministerio de Educación, 2013), que aspira a tener un mayor diálogo nacional para la construcción de una propuesta más moderna y consensuada. Aparte, expertos mundiales (SALMI, 2013) han recomendado buscar soluciones innovadoras para el desarrollo del sistema colombiano de educación superior y establecer el emprendimiento de una reforma de fondo, concebida y aceptada como política del Estado, a largo plazo y no como una reforma de un gobierno en particular, limitada por el horizonte electoral clásico de corto plazo. Dicho reto garantizaría al país un impacto fuerte en el desarrollo económico y social de la nación y en una paz sostenible y duradera.

En este sentido, las recomendaciones mundiales para Colombia son reformas con mayor impacto, económico y social, de las cuales se destacan dos tipos claves: (i) las reformas estructurales generales, requeridas para acelerar el progreso hacia los grandes objetivos estratégicos del Plan de Educación: ampliación de la cobertura y reducción de las desigualdades, mejora de la calidad y de la pertinencia, aumento de la capacidad de investigación de las universidades y de su producción científica, y (ii) las reformas estructurales trasversales de gobernanza y de financiamiento: coherencia de las políticas en materia de desarrollo sostenible; normativa marco sobre educación superior; acuerdo político en inversión; conexión estrecha entre la universidad, la empresa y el gobierno local; diálogo permanente con diferentes sectores interesados, y amplia democratización en la toma de las decisiones, sin las cuales, las reformas generales no pueden lograr los resultados esperados.

En estos aspectos, un abogado sin formación administrativa no tiene mucho que decir. Por ello la necesidad de cambiar el paradigma y comenzar a formar los abogados de nuestro país como los próximos administradores y gestores de un país de posconflicto en plena evolución y transformación.