Consejo de Estado suspende 46 títulos a abogados graduados de la Universidad del Cauca
28 de Octubre de 2022
En el año 2019, la Universidad del Cauca conoció denuncias por presuntas irregularidades en los exámenes preparatorios que realizó a sus estudiantes. La primera fue anónima y la segunda la hizo un profesor de la Facultad de Derecho.
Según el docente, se realizaban cambios en el Sistema Integrado de Matrícula y Control Académico (SIMCA) a cambio de dinero; por ejemplo, por cada preparatorio de la carrera de Derecho se habría cobrado un millón de pesos.
Ante las denuncias, la universidad conformó un equipo de seguimiento a los exámenes preparatorios del programa de Derecho desde el año 2015.
De la comparación realizada entre el SIMCA y los soportes físicos en cada historia académica de estudiantes, egresados y graduados se encontró que varias personas no contaban con prueba de exámenes preparatorios, pues ni existían pagos ni actas que acreditaran su presentación y aprobación.
Solicitud de medida cautelar
La universidad solicitó como medida cautelar a la Sección Primera del Consejo de Estado la suspensión provisional de los actos administrativos por medio de los cuales se confirieron los títulos académicos a 46 estudiantes de pregrado de Derecho, así como de los diplomas que les confieren el título de abogados.
La base legal para tal petición es que se trasgredieron el artículo 2° del Acuerdo Académico 014 del 2004, así como el Acuerdo Académico 001 del 2014. Adicionalmente, se indicó que el artículo 69 de la Constitución Política, la Ley 30 de 1992 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional protegen el derecho a la autonomía universitaria en virtud del cual esos centros educativos pueden exigir la aprobación de exámenes preparatorios como criterio previo para la obtención del título de abogado, aun cuando esa exigencia dejó de ser un requisito legal.
Frente a lo anterior, la Sección Primera procedió a la suspensión provisional solicitada y aclaró que la decisión que resuelve la solicitud cautelar de ningún modo implica prejuzgamiento, teniendo en cuenta que se trata de “mecanismos meramente cautelares, que en nada afectan ni influyen en la decisión final del fondo del asunto”.
En total, la universidad ha demandado los títulos de 142 estudiantes, otorgados entre el 2014 y el 2019, de abogados, ingenieros, fonoaudiólogos, enfermeras, economistas y geotecnólogos.
Esta es la posición de la universidad ante los hechos conocidos:
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