Comisarías de familia, en el centro del debate jurídico

 

En 1989, el entonces Código del Menor (D. 2737) creó las comisarías de familia, con el fin de que contribuyeran a la protección de niños que se encontraban en situaciones irregulares y sufrieran conflictos familiares. Posteriormente, con la Constitución de 1991, su campo de acción cobijó a los adolescentes y a las mujeres, al ser también víctimas de la violencia intrafamiliar.

 

Ahora, con más de 20 años de haber entrado en funcionamiento en todo el territorio nacional y los altos índices de violencia sexual y de género que afectan a estos grupos de personas, la pregunta que surge es: ¿Las comisarías han cumplido la misión que les fue asignada?

 

Este interrogante fue resuelto por la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, en el informe Comisarías de Familia. Línea de base nacional. En la investigación, se publicaron los resultados de la evaluación realizada en el 2011 a las comisarías del país, con respecto a su organización, estructura, calidad de atención y garantía del restablecimiento de los derechos.

 

El diagnóstico

El Ministerio Público destacó que si bien se comprobó la existencia física de las comisarías (ver mapa), estas se han visto obstaculizadas por la falta de conectividad vial entre ellas y las personas, la deficiencia en el sistema de transporte para funcionarios y usuarios, la ausencia de equipo interdisciplinario y la sobrecarga laboral.

 

En ese sentido, indicó que solo el 34 % de los comisarios está vinculado a carrera administrativa, mientras que el 70,4 % devenga un salario inferior a dos millones de pesos. Además, existe un vacío en la capacitación de temas jurídicos, lo que demuestra el incumplimiento estatal de las obligaciones laborales frente a los comisarios.

 

Tampoco hay presencia física institucional de los juzgados, las notarías o la fuerza pública, entre otros, para apoyar la labor de las comisarías, añade el estudio.

 

La investigación también corroboró que la infraestructura es óptima en solo 79 comisarías, aceptable en 243, deficiente en 708 y crítica en 41 de ellas. De acuerdo con el informe, esto impide prestar un servicio digno a las personas, a quienes se les puede vulnerar la intimidad y otros derechos fundamentales.

 

En el tema de acceso a la justicia, se estableció que las víctimas de violencia sexual no reciben la información integral sobre su atención médica y sicosocial, pues menos de la cuarta parte de las comisarías utiliza los protocolos exigidos.

 

Por estas razones, el informe concluyó que existe un significativo atraso en el desarrollo del objetivo de las comisarías de familia. “Las falencias encontradas son un indicador de que el Estado no ha reconocido que las violencias contra las mujeres y la familia es un asunto de derechos humanos y salud pública que representa un alto costo económico y social”, afirmó.

 

Reacciones y objeciones

En concepto del presidente del Colegio de Comisarios de Familia, Henry Zárate, el informe expone las fallas del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, del que hacen parte las comisarías, a las que, a veces, se les ve actuando como “ruedas sueltas” o atendiendo las funciones de los defensores de familia. En ese contexto, las comisarías trabajan en condiciones precarias, ya que muchas de ellas no poseen los trabajadores sociales, sicólogos y profesionales administrativos requeridos para su funcionamiento.

 

Igualmente, Carlos Fradique-Méndez, experto en Derecho de Familia, considera que los funcionarios de las comisarías no están suficientemente preparados, no ofrecen un trato respetuoso a los usuarios y no tienen claridad en lo referente a la aplicación de los procedimientos ni tampoco realizan seguimiento a las medidas de protección impartidas.

 

Lo mismo afirma Aroldo Quiroz, docente y exprocurador delegado para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia. En su opinión, la falta de diligencia de los comisarios se debe a que no reciben formación sobre el Código de la Infancia y la Adolescencia (L. 1098/06), los instrumentos internacionales y la jurisprudencia de las altas cortes sobre la materia. Eso, aunado a que los comisarios no sean parte de la carrera administrativa, los convierte en cargos políticos y, por ende, no hay estabilidad en su trabajo, concluye.

 

¿Cómo mejorar?

Para transformar ese panorama, la Procuraduría instó al Gobierno a crear una institución nacional que consolide la acción de las comisarías. Según Quiroz, este exhorto hace viable la posibilidad de establecer una línea de continuidad en la competencia de los comisarios en la aplicación tanto de la Ley 1098 como en las acciones contra la violencia intrafamiliar. No obstante, ese organismo no puede convertirse en un ente burocrático más, advirtió.

 

A la vez, Quiroz opina que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Ministerio Público podrían reforzar los procesos de capacitación y seguimiento. Y agrega que es necesario obligar a los alcaldes a diseñar una política pública que garantice la buena gestión del comisario.

 

Zárate propone la creación de un estatuto y una organización “comisarial” destinados a  ordenar las competencias de estas entidades, de forma que se logre la aceptación del Gobierno Nacional, departamental y local y de la Rama Judicial, para que finalmente sean reconocidas como “instancias de justicia formal y no como operadores judiciales de tercera”. Así mismo, se requiere la vinculación de su planta de personal a través de concursos de méritos y su preparación permanente.

 

Por su parte, Fradique-Méndez asevera que Colombia necesita un Ministerio de Familia, encaminado a coordinar la política en este ámbito y que sea consecuente con el modelo familiar consagrado en la Constitución.

 

El futuro

Hasta el momento, las comisarías han recibido más críticas que aplausos. Entonces, ¿cuál podría ser su futuro? Para Zárate, estas deben fortalecerse mediante el equilibrio laboral y salarial, el reconocimiento institucional y su organización en torno a las políticas públicas de familia, infancia y mujer.

 

Esta idea también es compartida por Fradique-Méndez, quien cree que Colombia necesita de la protección constructiva que ofrecen las comisarías, porque son entidades policivas y que pueden prevenir la violación de los derechos de los integrantes de la familia.

 

Quiroz no es tan optimista. A su juicio, si las comisarías no cumplen con sus funciones, van a desaparecer, especialmente en los municipios de cuarta, quinta y sexta categoría, pues terminarán siendo subsumidas por los inspectores de policía. Así, es imperioso que se fortalezcan, teniendo en cuenta que el papel del comisario en la sociedad es necesario, añadió.

 

Por lo pronto, la Fiscalía General de la Nación, en la Resolución 918 del pasado 16 de junio, les asignó a las comisarías la función de policía judicial durante otros cinco años. Falta esperar si el Gobierno les brindará mejores condiciones para que presten la adecuada atención a las personas o, por el contrario, resulta urgente replantear la conveniencia o no de su existencia.

 

 

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Algunas recomendaciones

 

La Procuraduría General de la Nación, en el estudio Comisarías de Familia. Línea de base nacional, llamó la atención al Gobierno y al Congreso para que evalúen los siguientes aspectos en relación con esos organismos:

 

- Funcionalidad de la figura de intermunicipalidad.

- Adecuación de plantas de personal de comisarías.

- Incorporación de recursos en los planes anuales de inversión y en el presupuesto municipal.

- Mejoramiento de la infraestructura física.

- Inclusión de la atención a la violencia intrafamiliar y de género en los planes de desarrollo.

- Adopción de esquemas que aseguren la articulación institucional.

- Implementación estandarizada de los protocolos necesarios de atención a víctimas.

- Exigir a las comisarías hacer el seguimiento a las medidas de protección impuestas y actuar con enfoque diferencial.

- Procedencia de la conciliación en conflictos familiares, violencia sexual y contra la mujer.

- Cumplimiento de la Ley 1257 del 2008.

  

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Carga laboral de las comisarías de familia a nivel nacional 

 

Solicitudes de audiencias de conciliación: 237.959

Audiencias realizadas: 208.613

Casos de violencia intrafamiliar: 108.522

Medidas de protección inmediatas: 66.276  

Medidas de protección definitivas: 44.415

Acciones policivas: 33.759

Medidas de restablecimiento de derechos: 27.860

(Fuente: Sistema de Vigilancia de los Derechos desde la Perspectiva de Género de la Procuraduría General de la Nación. 2011)

 

 

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